El Gobierno canario adopta todas las medidas posibles para no atender un pago "injusto" de Tebeto

Las Palmas de Gran Canaria.-  El Gobierno canario "está adoptando todas las medidas posibles para no tener que atender un pago que considera profundamente injusto", los 101 millones de indemnización que ha de abonar por el Caso Tebeto, "máxime cuando este asunto está pendiente de dirimirse en el Tribunal Supremo".

Así lo manifestó hoy el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, al ser preguntado por la respuesta que ha tenido la solicitud que formuló la pasada semana el Gobierno al TSJC para fraccionar el pago de esta indemnización, que el Alto Tribunal le requirió el 1 de julio que abonara en 15 días a la empresa Canteras Cabo Verde por los daños y perjuicios generados al perder una concesión de explotación minera de la montaña de Tebeto que le fue otorgada en 2004.

Martín Marrero dijo que no ha habido "ninguna novedad" desde que el Gobierno adoptó, en su última reunión, la decisión de solicitar el fraccionamiento en cinco años del pago de estos 101 millones de euros, en virtud de lo que establece, dijo, la ley de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, que lo permite cuando ello suponga un quebranto importante para la estabilidad económica-financiera de una administración, como le ocurriría a la comunidad autónoma canaria.

Además, el Ejecutivo regional está a la espera de que se responda al recurso de súplica que también había presentado previamente, y el que solicitó la anulación de la providencia que dictaba la ejecución provisional de la sentencia que obliga al Gobierno a pagar esos 101 millones y, en caso de que no fuera así, que el pago se iniciase, no en los quince días establecidos, sino en un plazo de tres meses, dijo.

Pese a que el plazo de quince días expiró la pasada semana, el Gobierno entiende que no ha de empezar a pagar "hasta que se responda a su recurso de súplica" y se atienda, además a lo que establece la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.

"No se trata de pagar alegremente 101 millones de euros sin haber agotado todas las posibilidades jurídicas de que, al menos, eso se posponga hasta que haya un pronunciamiento por una entidad superior, como es el Tribunal Supremo, estamos hablando de una ejecución provisional por esa cuantía", aseveró.

Marrero no quiso pronunciarse sobre lo que calificó como "jurisdicción-ficción", al ser preguntado por el daño que se podría hacer a las arcas regionales en el caso de que las solicitudes del Ejecutivo no fueran atendidas y ello implicara finalmente que éste tuviera que realizar un desembolso económico que superara los 101 millones de euros.