La SIP pide el fin de la impunidad en los casos de los periodistas colombianos asesinados

Miami.-  La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó hoy la "escandalosa impunidad" que aún reina en la mayoría de los crímenes de periodistas en Colombia, tras un análisis de 16 casos en los que la Fiscalía General no ha mostrado avances en la investigación.

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(EFE)

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón del diario colombiano El Tiempo, resaltó que "la escandalosa impunidad en los casos de crímenes es un factor que alimenta la violencia contra los periodistas". EFE/Archivo

"Los procesos judiciales por el asesinato de 16 periodistas en Colombia se encuentran suspendidos, archivados o han sido objeto de resoluciones inhibitorias por parte de los fiscales que han tenido a su cargo la responsabilidad de dar con los responsables", indicó la SIP en un comunicado.

Según una investigación realizada por la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP en Colombia, todos estos procesos guardan semejanza: "fueron todos cometidos en las provincias colombianas entre 1993 y 2009 y la investigación fue asumida por fiscales regionales o seccionales".

La nota explica que, en la gran mayoría de los casos, los fiscales decidieron suspender las investigaciones o inhibirse al cumplirse un año de los crímenes.

Así ha sucedido, agrega, en los casos de los periodistas asesinados Rodolfo Julio Torres, Arquímedes Arias Henao, Hernando Rangel Moreno, Álvaro Alonso Escobar, Gildardo Ariza Olarte, Iván Darío Pelayo, Denis Sánchez Lora y Mario Prada Díaz.

Otros procesos de asesinatos suspendidos o con resolución inhibitoria son los relativos a Alfredo Antonio Matiz, Fabio Leonardo, John Jairo Restrepo, María Elena Salinas, Marco Antonio Ayala, Juan Carlos Benavides, José Nel Muñoz y Jaime Alberto Madero.

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón del diario colombiano El Tiempo, resaltó que "la escandalosa impunidad en los casos de crímenes es un factor que alimenta la violencia contra los periodistas".

Santos pidió "mayores esfuerzos para que se haga justicia y no se siga debilitando la libertad de prensa".

Aunque la URR solicitó que los procesos fueran atendidos y reactivados y dirigió su solicitud a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General en Bogotá, no recibió una respuesta positiva.

Por ello, pidió que "los funcionarios investigadores que tuvieron a su cargo estos procesos expliquen las razones por las cuales fueron suspendidos o archivados al poco tiempo".

Sobre este punto tampoco han recibido una respuesta de las autoridades.

Otra semejanza que descubrió la URR es que los periodistas asesinados trabajaban en emisoras de radio o estaban vinculados a pequeñas emisoras o periódicos de poblaciones reducidas con una importante presencia de grupos armados.

"Casi todos habían sido objeto de amenazas y todos habían realizado una denuncia previa a su asesinato", destacó la SIP en un comunicado.

El último informe presentado por la Dirección Nacional de Fiscalías, en abril de 2008, se limita a relacionar los nombres de los periodistas asesinados. Como última actuación de las autoridades aparecen las palabras "suspensión de la investigación o inhibitorio".

Desde entonces, este departamento de la Fiscalía no ha ofrecido ningún tipo de información, subrayó la nota de la periodista Diana Calderón, de la URR en Colombia.