Santander.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado a ocho empresas productoras y comercializadoras de hormigón en Cantabria con multas por un total de 2.816.384 euros, por conductas prohibidas.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado a ocho empresas productoras y comercializadoras de hormigón en Cantabria con multas por un total de 2.816.384 euros, por conductas prohibidas. EFE/Archivo
Las empresas multadas son las siguientes: Candesa (644.180 ); Devasa (141.970 ); Hormigones Cántabros (785.030 ); Hongomar (327.900 ); Quinsa (313.850 ); Rosillo (261.210 ); Hormigones y Minas (182.820 ) y Tracman (159.390 ).
En el año 2006 el entonces Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) tuvo acceso a documentación que supuestamente reflejaba la existencia de conductas prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, entre diversas empresas productoras y comercializadoras de hormigón en Cantabria.
Tras analizar esta documentación y contrastar su veracidad mediante la documentación obtenida en sendas inspecciones realizadas en 2006 y 2007, el SDC incoó expediente sancionador el 26 de junio de 2007 contra ocho empresas que suponen una parte mayoritaria de la oferta del mercado regional.
En su Informe Propuesta la Dirección de Investigación entiende que ha quedado acreditado que entre marzo de 1993 y marzo de 2003 las empresas Canteras de Santander S.A., Áridos y Hormigones del Deva S.A., Hormigones Cántabros S.A., Hongomar S.A., Canteras y Hormigones Quintana, Fernández Rosillo y Cia S.L., Hormigones y Minas S.A. y Tracman S.L. (esta última durante un periodo menor) han mantenido y ejecutado un acuerdo de reparto del mercado cántabro del hormigón premezclado.
Así como que en el marco de ese acuerdo las mismas empresas han pactado el intercambio de información sobre clientes morosos y consentir una prohibición de suministro a los mismos.
En sus alegaciones, las empresas imputadas no niegan la existencia del reparto de mercado, pero presentan otro tipo de argumentos tales como la prescripción de la infracción y la caducidad del expediente, cuestionan el alcance de la infracción y esgrimen otros atenuantes a la conducta.
El Consejo en su Resolución rechaza los argumentos de caducidad y prescripción. Considera acreditada la existencia de un reparto del mercado del hormigón premezclado en Cantabria prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia.
Este acuerdo ilícito se habría prolongado desde marzo de 1993 hasta marzo de 2003. El Consejo considera que el intercambio de información sobre clientes morosos y la prohibición de suministro a dichos clientes que se deduce de las piezas de evidencia encontradas y recogidas en los Hechos Acreditados no deben ser considerados como un ilícito independiente y adicional, sino que se encuentran comprendidas dentro del mismo acuerdo sancionado.
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