Valladolid.- Un total de 4.495 plazas corresponden en Castilla y León a residencias de mayores financiadas con fondos de la Junta pero de gestión privada, por lo que no tienen acceso los mayores con menos recursos, según ha denunciado hoy el PSOE regional que ha pedido "precios públicos" para estos centros.
El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Félix Alonso, durante la rueda de prensa que ofreció hoy para analizar la política de la Junta de Castilla y León en materia de residencias para la tercera edad.
Esta propuesta se recoge en una proposición no de ley que ha detallado a los medios de comunicación el secretario del grupo parlamentario socialista, Jorge Félix Alonso, y que se debatirá en el primer pleno del próximo periodo de sesiones, en setiembre, con el fin de garantizar igualdad de condiciones para todos los castellanoleoneses a esas residencias.
Alonso ha referido que se trata de residencias de Ayuntamientos o corporaciones locales, financiadas en su construcción por la Junta de Castilla y León, y con gestión privada. "La Junta da dinero a los Ayuntamientos para que hagan residencias y luego se desentiende de ellas, cuando es su competencia", ha criticado.
De acuerdo a los datos obtenidos por el grupo socialista, que ha denunciado dificultades y "oscurantismo" a la hora de acceder a esta información, aunque es cierto que en Castilla y León hay una cobertura cercana al 7 por ciento en plazas residenciales para mayores sólo el 0,6 por ciento corresponde a residencias públicas, y un 1,31 si es suman las concertadas.
Con la conversión de esas 4.495 plazas en públicas se llegaría a una cobertura del 2,5 por ciento, la mitad del cinco por ciento que recomienda la OMS para este tipo de servicio.
El parlamentario socialista ha recordado que además hay una lista de espera de 791 mayores en la Comunidad -73 en Ávila, 67 en Burgos, 115 en León, 63 en Palencia, 95 en Salamanca, 69 en Segovia, 18 en Soria, 141 en Valladolid y 120 en Zamora-, datos a su juicio "ya depurados" que pueden elevarse al "triple" en la realidad.
Ha explicado que en una residencia pública -no se construye ninguna desde que en 1996 se traspasaron a la Comunidad- o en una concertada los mayores pagan el 75 por ciento de su pensión, con lo que "no se excluye a nadie por razones económicas", y paga más quien más recursos tiene.
Jorge Félix Alonso ha insistido en la necesidad de aumentar el número de plazas públicas, un "coste asumible en el tiempo y que se puede financiar con lo que llega de la Ley de Dependencia".
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