El juez fija una fianza civil de 1,2 millones para los arquitectos del Palma Arena

Palma.-  El juez Jaime García-Castro, instructor de la causa derivada de la "operación Espada" que investiga una presunta trama de corrupción en torno a la construcción del Palma Arena, ha fijado una fianza de responsabilidad civil de 1,2 millones de euros para los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz Guasp.

El magistrado ha tomado declaración durante seis horas a Luis García-Ruiz y durante aproximadamente cuatro a su hermano Jaime, ambos en calidad de imputados, pero sin que el fiscal haya concretado un delito específico para su imputación.

Al término de la declaración de Jaime García-Ruiz, que ha finalizado en torno a las 20.15 horas, el abogado Ramon Riutord, defensor de ambos arquitectos junto a Josep Zaforteza, ha explicado a los periodistas, a las puertas de los Juzgados de Palma, que ninguno de los hermanos ha sido detenido en ningún momento: "Han entrado en libertad y han salido en libertad", ha dicho.

"No hay ningún tipo de fianza de orden carcelaria", ha señalado Riutord, quien ha detallado que el fiscal ha solicitado, y el juez ha aceptado, la determinación de "una fianza de responsabilidad civil, cuya prestación o no, no tiene nada que ver con la libertad o con que haya una mayor o menor imputación".

Dicha fianza, que el abogado ha calificado de "excesiva" y "muy fuerte", será recurrida mediante la interposición de "un recurso de reforma", después del cual "siempre cabría una apelación ante la Audiencia Provincial".

Según el abogado, se ha determinado la fianza "para responder de las eventuales responsabilidades civiles que se puedan derivar, de 1,2 millones de euros de manera conjunta y solidaria" para ambos arquitectos, que "han de garantizar dicha cantidad entre los dos, ya sea voluntariamente o porque el juzgado dé pasos e intervenga las cuentas o propiedades que considere oportunas".

El abogado ha anunciado que sus clientes harán lo posible para garantizar dicha fianza porque "hay una voluntad absoluta de colaboración".

"Prestaremos la fianza, si podemos, con la mayor brevedad posible", ha dicho Riutord, quien ha especificado que el plazo para llevarlo a cabo es de "una audiencia relajada", es decir con "varios días" de margen, por el hecho de que la cuantía se ha fijado un viernes por la tarde, lo que dificulta las gestiones bancarias.

Riutord ha adelantado que lo más probable es que dicha fianza se garantice con "carácter hipotecario o a través de un aval bancario".

El defensor de los arquitectos que asumieron el proyecto del Palma Arena -inicialmente proyectado por el holandés Sander Douma-, ha insistido en que "de momento no hay acusación formal por ningún tipo de delito", aunque la instrucción se basa en una presunta "defraudación a la Administración", una figura que no existe como tipo delictivo, según ha subrayado.

"Por parte del fiscal no se ha concretado cuál era la figura delictiva que se les imputaba", ha reiterado Riutord, quien ha rechazado comentar el contenido de las declaraciones ni qué les ha preguntado la Fiscalía a sus defendidos porque se ha decretado el secreto de las actuaciones en todo el proceso de instrucción.

Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán dirigen las diligencias en la instrucción del llamado "caso Palma Arena" por presunta malversación de fondos, falsedad documental y cohecho en la construcción del velódromo mallorquín que había sido presupuestado en 48 millones de euros y costó más de cien.

El pasado sábado, el juez dictó libertad bajo fianzas de entre 15.000 y 50.000 euros para cinco imputados en la causa entre los que se encuentran el ex director general de Deportes del Govern, José Luis "Pepote" Ballester, y el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés.

Los otros tres imputados que fueron detenidos el 5 de agosto y puestos en libertad el día 8 son el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma y ex presidente del consorcio del Palma Arena, Rafael Durán; y el jefe de obras de la UTE constructora (FCC y Melchor Mascaró), Miguel Ángel Rodríguez.