Amnistía Internacional pide la libertad de una indígena mexicana condenada a 21 años de cárcel

Londres.-  Amnistía Internacional (AI) calificó ayer como "presa de conciencia" a la indígena mexicana Jacinta Francisco, condenada a 21 años de prisión por el secuestro de seis agentes federales, y reclamó su inmediata liberación ante las irregularidades detectadas durante el proceso.

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(EFE)

Amnistía Internacional (AI) calificó ayer como "presa de conciencia" a la indígena mexicana Jacinta Francisco, condenada a 21 años de prisión por el secuestro de seis agentes federales. En la foto, policías federales mexicanos participando en un retén. EFE/Archivo

En un comunicado emitido desde su sede en Londres, la organización defensora de los derechos humanos sostiene que Jacinta Francisco está encarcelada "únicamente por su situación social marginal y pobre", lo que ha limitado su capacidad de responder ante la Justicia de los hechos que se le imputan.

En concreto, la indígena fue detenida el 3 de agosto de 2006, acusada de participar en el secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigaciones del país norteamericano durante una operación contra vendedores de DVD piratas en el mercado de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro.

El conflicto estalló cuando los agentes entraron a este mercado e intentaron confiscar los productos de varios vendedores, a lo que éstos respondieron pinchándoles las ruedas de algunos vehículos.

A pesar de que la tensión tan sólo duró unas horas, los agentes denunciaron esa misma noche ante la Procuraduría General que habían sido secuestrados durante varias horas, aunque en ningún momento de su declaración mencionaron a la acusada.

Sin embargo, después de que un diario local publicase una foto del incidente en la que la indígena aparecía tras uno de ellos, los agentes reconocieron a Francisco.

Fue entonces cuando la indígena fue llevada a comisaría, donde se le acusó formalmente del delito.

"El caso de Jacinta es un escándalo", manifestó el investigador de Amnistía para México, Rupert Knox, que añade que este caso es "un ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas".

Así, AI denuncia que en el momento de su detención y su posterior traslado al Centro de Readaptación de San José El Alto, la indígena hablaba muy poco español, pese a lo cual no se le asignó ningún intérprete.

Además, la organización censura que su abogado defensor nunca habló con Francisco para explicarle la situación y que, según el testimonio de la propia acusada, tan sólo se limitaba a permanecer sentado en un rincón de la sala mientras a ella le obligaban a firmar papeles "que no entendía".

Asimismo, AI asegura que la única prueba que se presentó en el juicio contra la indígena fue la instantánea aparecida en prensa y que, ni siquiera, los agentes implicados comparecieron para proceder a su reconocimiento en persona.

"Lo que le ha ocurrido a Jacinta -prosigue Knox- demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano para procesar sin las debidas garantías a las personas más vulnerables. Se ha ido contra ella debido a su etnia, a su género y a su condición social".

Por su parte, Jacinta Francisco, que lleva ya tres años entre rejas, ha confesado a la organización la impotencia que sintió cuando ingresó en la cárcel "sin haber hecho nada malo".

"En ese momento -afirma la indígena- lloré, lloré y dije ¿ahora qué? Cuando escuchaba las puertas abrirse pensaba que ojalá me dejaran ir, pero no ocurría".

En la actualidad, Jacinta Francisco continúa encarcelada a la espera de que se celebre un nuevo juicio, después de que el pasado 17 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México admitiese que se habían detectado "graves irregularidades" y que se habían presentado "pruebas falsas" en el proceso.