México impone topes salariales a sus funcionarios en busca de austeridad

México.-  El Gobierno de México firmó hoy un decreto que fija topes salariales para los funcionarios del país como parte de sus planes de ahorro presupuestario frente a la crisis económica, que provocó una caída del 10,3% del PIB en el segundo trimestre del año.

"No se trata únicamente de evitar dispendios, sino también de generar ahorros en el gasto corriente del Gobierno federal, para destinar estos recursos a gastos sociales", dijo el presidente Felipe Calderón al sancionar el decreto de Reforma Constitucional en materia de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La nueva normativa establece "un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal", que es en términos netos de 146.830 pesos mensuales (11.300 dólares).

"El sueldo debe servir para vivir con decoro y no ser visto como un botín", dijo Calderón.

A partir de ahora "los Poderes de la Unión, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno" (municipal, estatal y federal), así como los demás órganos del Estado "deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones de sus servidores públicos", agregó.

Como novedad, "todas las remuneraciones serán públicas", estarán "abiertas al escrutinio ciudadano" y "deberán especificar todos los elementos que las componen".

"Debemos evitar situaciones de franco abuso en los ingresos de los servidores públicos, que han llegado a presentarse. Asimismo, ponemos un alto a la discrecionalidad en la fijación de los salarios y rendimos cuentas claras a la ciudadanía, que es obligación de todo Gobierno democrático", apuntó.

Solamente en el Ejecutivo federal trabajan unos tres millones de funcionarios, indicaron a Efe fuentes de la Secretaría de la Función Pública.

El mandatario agradeció el respaldo del Legislativo federal y los estatales a esta iniciativa en la que el propio Calderón llevaba trabajando desde que fue diputado (2000-2003) y que es también fruto del trabajo parlamentario realizado a partir de un decreto dictado por él al comienzo de su gestión.

El pasado 23 de julio, el Gobierno mexicano anunció un recorte presupuestario para este año de 85.000 millones de pesos (unos 6.400 millones de dólares), equivalente al 3,6 por ciento del total del gasto público, para hacer frente a la crisis.

Además, el Ejecutivo dijo que tiene previsto enviar al Congreso este año un proyecto de reforma tributaria para hacer frente a la caída de los ingresos por concepto de impuestos, especialmente los petroleros.

Para Juan Pardinas, director de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la medida en sí es positiva aunque "habrá que ver la manera en que se ejecuta".

"Lo que a mí me preocuparía para que la ley transforme la estructura actual de paga de los funcionarios públicos en México es qué tanto se frenan, no los salarios, sino las compensaciones por fuera y los pagos no asociados al salario", indicó.

El diario El Universal informó esta semana de que la actual legislatura del Congreso, iniciada en 2006 y que concluye este mes, gastó 600 millones de pesos (unos 46 millones de dólares) únicamente en pasajes de avión.

Por la diferencia entre el dinero destinado a viajes y el costo de los pasajes aéreos comprados, cada diputado habría obtenido entre 10.000 y 50.000 pesos (entre 780 y 3.800 dólares) al mes, denunció el rotativo.

Pardinas señaló que es difícil saber cuántos servidores públicos resultarán afectados por la nueva ley porque ni municipios ni estados difunden por lo general cifras de cuántos funcionarios tienen.

Recordó asimismo que en el país hay bonos para funcionarios "por puntualidad, por desempeño, por el día de la madre o del padre".

Por otra parte el director ejecutivo de la ONG Fundar, Jorge Romero, especialista en presupuestos públicos, lamentó que la medida no se extienda a todos los funcionarios pues los magistrados y jueces de mayor nivel mantendrán sus actuales sueldos mientras dure su encargo.

Entre ellos hay integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Federal Electoral, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura.

"Parte del problema asociado con esos sueldos es que sí son muy altos", del orden de 400.000 a 650.000 pesos (de 30.770 a 50.000 dólares) al mes por magistrado, agregó.