Quito.- Joffre Campaña, abogado del hermano del presidente ecuatoriano Rafael Correa, Fabricio Correa, advirtió hoy que la terminación unilateral por parte del Gobierno de varios contratos que su cliente tenía con el Estado "le va a costar millones de dólares al país".
El presidente Correa ordenó el 26 de junio pasado la terminación de los contratos de su hermano con el Estado, ante el escándalo desatado por informaciones que cifraron en unos 80 millones de dólares el monto de esas operaciones. EFE/Archivo
Además, señaló, en una entrevista con el canal Teleamazonas, que el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz, "probablemente" irá "a la cárcel por la responsabilidad de una actuación ilegal" y porque "ha violado la ley".
Ortiz asumió el cargo este jueves después de que el anterior ministro, Xavier Casal, dimitiera, según afirmó Campaña, "para no tener que firmar algo que consideraba ilegal".
El presidente Correa ordenó el 26 de junio pasado la terminación de los contratos de su hermano con el Estado, ante el escándalo desatado en los medios de comunicación por informaciones que cifraron en unos 80 millones de dólares el monto de esas operaciones y las enmarcaron en un supuesto tráfico de influencias.
Correa argumentó que hasta entonces desconocía la existencia de esos acuerdos y reprendió públicamente a su hermano además de ordenar la terminación de los contratos.
El presidente señaló ya entonces que su decisión iba a acarrear juicios contra el Estado, como los ya entablados por Cosurca, una de las empresas de Fabricio Correa.
Cosurca interpuso el pasado lunes cuatro demandas arbitrales en la Cámara de la Construcción de Quito, por un total de 37,8 millones de dólares, contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Las obras afectadas por la terminación de los contratos son rehabilitaciones de varios tramos de carreteras, un puente y tareas de movimientos de tierra, proyectos que, de acuerdo con el Gobierno, serán presentados a licitación pública.
El abogado de Fabricio Correa consideró que la decisión gubernamental "se basa en unos informes de auditoría externa, supuestamente reservados, cuya obtención no le ha sido notificada a ninguna de las empresas, lo que significa que hay una violación evidente y abierta al debido proceso".
También hizo mención de los costes que va a tener para el Estado todo el proceso y destacó que además de las indemnizaciones que tenga que hacer el ente público a las compañías, "las contrataciones que hagan nuevas empresas van a ser más caras" que las que había acordado su cliente.
Según Campaña, la decisión del Gobierno va a provocar que "decenas de accionistas" sufran un perjuicio "gravísimo inmediato" pero cuando "los procesos terminen van a obtener utilidades y dividendos por la irresponsabilidad de un Gobierno", que a su juicio, "se olvidó de las promesas de cambio y se inmiscuyó en un cúmulo de corrupción".
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