San José.- El Estado costarricense elevó un 36 por ciento su aporte anual a la Iglesia católica en el presupuesto ordinario para el 2010, como parte de una obligación estipulada en la Constitución Política del país, informó hoy la prensa local.
Para el 2010 el Estado incluyó en su presupuesto un giro a la Iglesia católica por 332,5 millones de colones (unos 560.000 dólares), mientras para el 2009 la cifra alcanzó los 244 millones de colones (unos 411.000 dólares). EFE/Archivo
Para el 2010 el Estado incluyó en su presupuesto un giro a la Iglesia católica por 332,5 millones de colones (unos 560.000 dólares), mientras para el 2009 la cifra alcanzó los 244 millones de colones (unos 411.000 dólares).
El presupuesto, que en total suma 7.700 millones de dólares, está siendo analizado por el Congreso.
Los fondos para la iglesia serán utilizados para reparar templos y cubrir otras necesidades, informó hoy el diario La Nación.
El dinero debe ser entregado debido a una obligación de la Carta Magna, que data de 1949, que en su artículo 75 declara que "la religión Católica, Apostólica y Romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento".
El pasado jueves, 13 diputados de varios partidos presentaron al Congreso un proyecto para reformar ese artículo de la Constitución, y así crear un "Estado laico" que evite la "discriminación" para quienes profesan otros credos.
La idea del proyecto es que el artículo 75 indique que "toda persona es libre de adoptar y profesar una religión que sea respetuosa de los derechos humanos o bien no adoptar ninguna. El Estado será neutral en materia religiosa, pero garantizará el ejercicio de esta libertad".
Si se aprobara esta reforma el Gobierno no estará obligado a entregar fondos a la Iglesia católica, religión a la que pertenece cerca del 70 por ciento de los costarricenses, según encuestas.
La iniciativa fue redactada por el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica, que reúne a varias organizaciones civiles, sociales, religiosas y académicas, y fue acogido por 13 diputados de distintos partidos.
Esta iniciativa deberá llevar un engorroso trámite antes de ser aprobada que podría tardar años, pues por tratarse de una reforma a la Constitución debe ser votada en dos legislaturas distintas y está sujeta a la prioridad que se le otorgue en agenda.
En Costa Rica los periodos presidenciales y legislativos son de cuatro años.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Hugo Barrantes, aseguró a la prensa que este proyecto "contraviene la idiosincrasia costarricense" y que "un Estado Laico no necesariamente garantiza un mejor ejercicio de la libertad religiosa".
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