Palma.- El grupo parlamentario del Bloc per Mallorca considera que la solución al "escollo" creado por la enmienda sobre el golf de Son Baco presentada "unilateralmente" por Unió Mallorquina (UM) al conocido como decreto Nadal para el impulso económico de Baleares "pasa por su retirada".
El conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, comparecerá el próximo día 16 ante la Comisión de Ordenación Territorial del Parlament para responder acerca de las acusaciones efectuadas por el comité de empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM). EFE/archivo
El diputado del Bloc per Mallorca y PSM-Verds Miquel Àngel Llauger ha explicado, en rueda de prensa para presentar las iniciativas parlamentarias ante el inicio del periodo de sesiones el próximo martes, que esta retirada nunca se debe efectuar "a cambio de otra cosa", especialmente de carácter urbanístico.
Si bien ha reconocido que el municipio de Campos, donde se encuentra Son Baco y que gobierna UM, está especialmente protegido urbanísticamente, Llauger ha reiterado que no se debe desarrollar más, ya que lo prioritario es la protección del territorio.
Para el diputado, la retirada de esta enmienda, a la que el Bloc se ha opuesto frontalmente por constituir, a su juicio, una ruptura del pacto de gobernabilidad, supondría una muestra de voluntad del nuevo equipo de UM de "estar en el pacto" y "contribuir a la gobernabilidad".
"El grupo (parlamentario) se ha reforzado en la idea de que no responde a lo escrito en el pacto, el cual no acepta campos de golf con oferta complementaria", ha recordado respecto a esta infraestructura, que prevé la construcción de una oferta hotelera adosada.
Llauger también ha presentado las principales leyes que las conselleries del Bloc presentarán en este periodo parlamentario para su aprobación y que serán al menos cinco: la Ley del Suelo, la Ley de Comercio, la Ley de Igualdad, la Ley de Mediación Familiar y la Carta de Derechos Sociales del Estatuto.
Según el diputado, la primera de ellas conseguirá unificar las diferentes normas urbanísticas de las islas, con un especial énfasis en la protección del territorio y la seguridad jurídica.
La segunda protegerá el comercio insular limitando las grandes superficies y, además, según Llauger, permitirá inversiones por hasta 400 millones de euros que impulsarán la economía.
La Ley de Igualdad será una adaptación de la ley estatal sobre este aspecto y la Ley de Mediación Familiar dispondrá la intervención pública en procesos de este tipo.
Por último, según ha detallado el diputado, la Carta de Derechos Sociales, que se encuentra en avanzado estado de redacción, plasmará en el Estatuto estos derechos, tal y como contempla la máxima norma autonómica.
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