Miami (EE.UU.).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió hoy al Congreso argentino que debata sobre la nueva ley de medios audiovisuales "sin apasionamientos ni apresuramiento" y recordó el derecho del público a recibir una información plural.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó la preocupación de que "una legislación tan importante para la solidez democrática de Argentina y el ordenamiento del espectro radioeléctrico termine politizada". EFE/Archivo
La nueva y polémica Ley de Comunicación Audiovisual, que supuestamente el Gobierno argentino quiere aprobar rápidamente, está siendo debatida en el Congreso y reemplazaría a la vigente desde la última dictadura.
Por ello la SIP, con sede en Miami, reiteró en un comunicado la importancia de que el debate se produzca sin urgencias que pudieran "socavar los propios fines de la nueva legislación que busca ordenar el espacio radioeléctrico" del país.
El pasado 27 de agosto la presidenta argentina, Cristina Fernández, envió al Congreso el proyecto de ley de radiodifusión que causó un amplio debate social entre los legisladores oficialistas y la oposición, que difieren tanto en el contenido de la normativa como en el procedimiento para su aprobación.
Desde que Fernández hizo público el proyecto en marzo pasado, la SIP ha observado con preocupación que mucho de los argumentos que se utilizan podrían estar vinculados a "actitudes revanchistas" y de crítica del Gobierno contra los medios de comunicación independientes.
Las principales fuerzas de la oposición afirman que con esta nueva ley se trata de imponer "una mordaza" a los medios de comunicación.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó la preocupación de que "una legislación tan importante para la solidez democrática de Argentina y el ordenamiento del espectro radioeléctrico termine politizada, siendo una actitud contraria a los fines y objetivos que deben guiar su discusión".
Santos Calderón del periódico El Tiempo, de Colombia, agregó que "es necesario garantizar la diversidad y pluralidad y ordenar el espectro radioeléctrico".
Sin embargo, precisó que esto "no implica crear un Estado omnipresente que pudiera utilizar la ley en su privilegio para administrar la adjudicación de licencias en forma arbitraria para premiar y castigar, penalizar a discreción o crear un monopolio de medios estatales".
La polémica en torno al proyecto está centrada en numerosos puntos que podrían lesionar el libre flujo de ideas e incluso llegar a condicionar los criterios editoriales de los medios privados y sus contenidos.
Por otra parte, la SIP se solidarizó con instituciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en el reclamo de que "el acceso sin restricciones de los ciudadanos a las fuentes de información y la sustentabilidad de los medios privados de comunicación son valores primordiales para la democracia y como tal deben ser preservados en cualquier marco jurídico".
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