La legisladora Córdoba afirma que no sabe si sus escoltas la cuidan o la espían

Bogotá.-  La congresista colombiana Piedad Córdoba afirmó hoy que no sabe si sus guardaespaldas de la polémica central de inteligencia del Estado la escoltan o la espían.

"Estamos en una sociedad donde ya uno (...) no sabe si quienes lo escoltan, lo escoltan o lo espían", dijo Córdoba al aludir a una campaña de escuchas y seguimientos ilegales a personalidades del país denunciada hace poco por medios periodísticos locales.

En Colombia "estamos en una sociedad del 'Gran Hermano'", sostuvo la senadora durante una intervención ante el XI Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Paz, que hoy abrió tres días de tareas en un auditorio del oeste de Bogotá.

La conferencia, organizada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), reúne a más de medio millar de delegados de todo el país.

En la actual sociedad colombiana "no sabemos quién es el amigo de nosotros o de nosotras, si podemos hablar con quien dice que lleva muchos años conviviendo con nosotros o con nosotras porque uno no sabe si se volvió un sapo (soplón), es un espía o, efectivamente, es una persona que hace parte de lo que estamos tratando de construir", advirtió la legisladora, del opositor Partido Liberal (PLC).

"Ya uno, cuando sale a la calle o cuando se va a montar al carro o cuando va a ir a un sitio no sabe si quienes lo escoltan, lo escoltan o lo espían, si lo que están es tomando datos e información para consolidar los prontuarios que cada vez más (...) tenemos en los estrados judiciales de este país", expresó Córdoba, quien lidera el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP).

Según ella, todo esto hace parte de una ofensiva "para distraer la atención de la profundidad de la crisis humanitaria que vive Colombia".

El hecho no es aislado, continuó la líder del grupo de intelectuales CCP, que hace un año abrió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un intercambio epistolar que ha tenido como centro el caso de los actuales 23 militares y policías que esta guerrilla retiene con fines de canje por rebeldes presos.

El espionaje hace parte de "una política de Estado permanente y degradante de violación de los derechos humanos", denunció Córdoba, que en el segundo semestre de 2007 ejerció junto al presidente venezolano, Hugo Chávez, como facilitadora en gestiones en favor de los rehenes.