España, entre los países que no ejecutan sentencias del Tribunal de Estrasburgo

Estrasburgo (Francia).-  El diputado chipriota de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa Christos Pourgourides dijo hoy que 36 de los 47 Estados miembros de esta organización paneuropea no ejecutan íntegramente y, en un plazo razonable, las sentencias del Tribunal de Estrasburgo (Francia), entre ellos España.

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(EFE)

Fachada de la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia). EFE/Archivo

Pourgourides ha presentado a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea un informe de seguimiento con una lista actualizada de las sentencias pendientes de ejecución, de acuerdo a dos criterios: sentencias que no se han ejecutado 5 años después de ser dictadas y las que ofrecen "importantes problemas estructurales".

Respecto a España, el ponente cita como caso modelo la sentencia Stone Court Shipping Company S.A., dictada en 2003, en la que se concluyó una violación del artículo 6.1 (Derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la indemnización de 10.000 euros por daños morales, costas y gastos.

Además, la lista de Pourgourides incluye como basadas en la anterior, a efectos de ejecución, las sentencias de los casos Saez Maeso (2004), Barrenechea Atucha (2008), De la Fuente Ariza (2007) y Salt Hiper S.A. (2007). Se da la circunstancia de que las tres últimas sentencias fueron dictadas hace menos de 5 años.

Según la lista, los Estados que más incumplen las sentencias del Tribunal europeo de derechos Humanos son Turquía, Rusia, Ucrania, Rumanía y Polonia.

Pourgourides, que se encarga habitualmente de este asunto en la Comisión de asuntos Jurídicos, ha calificado la situación de "muy enojosa y extremadamente preocupante", ya que hace algunos años los incumplimientos sólo afectaban a una docena de países.

Ante este incremento, el ponente propone limitar el seguimiento de la ejecución de sentencias a las violaciones más graves contra los derechos humanos, "como las muertes y los malos tratos imputables a los agentes del Estado".