Una investigación de cuatro meses da como resultado varias capturas en el caso Rosenberg

Guatemala.-  Una investigación de cuatro meses basada en "irrefutables pruebas científicas" y en la que participaron más de 260 personas permitió hoy la captura de los supuestos autores materiales del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, en el que se había implicado al presidente Álvaro Colom.

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(EFE)

Fotografía de un video dado a conocer a la prensa y colgado en los portales de los diarios locales, supuestamente grabado por el abogado guatemalteco Rodrígo Rosenberg, asesinado a tiros el pasado 10 de mayo. EFE/Archivo

El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el español Carlos Castresana, aseguró con absoluta contundencia que "hoy se ha detenido a los autores materiales del asesinato del abogado" en una conferencia de prensa ofrecida junto al Fiscal General, Amílcar Velásquez.

Falta aún, aclaró, "llegar hasta los responsables intelectuales e intermedios", pero aseguró que "la investigación continúa abierta", que siguen varias hipótesis sobre los móviles de este crimen, entre ellas el político, y confió en que antes de que termine este año podrán esclarecer el caso de forma definitiva.

"No tenemos ningún solo testigo, pero sí irrefutables pruebas científicas", precisó Castresana, para asegurar que los siete hombres detenidos hoy por las fuerzas de seguridad, son "los responsables materiales" de la muerte de Rosenberg, ocurrida el pasado 10 de mayo en un barrio residencial de la capital guatemalteca.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de varios de los edificios ubicados en las cercanías de la zona del crimen, así como el registro de 12.000 llamadas telefónicas, son, según el comisionado español, las pruebas científicas que permitieron identificar a los responsables de este hecho, así como sus vehículos y residencias.

Se trata de un grupo que según la Fiscalía se dedica al narcotráfico, secuestro, extorsiones y "sicariato", y que está integrado en su mayoría por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, y al menos un ex integrante del Ejército.

Tres de los siete detenidos, identificados como el ex agente de la PNC, William Santos Divas; el agente activo de esa institución, Mario Luis Paz, y el ex militar Edwin López, fueron, según Castresana, quienes ejecutaron el asesinato del abogado.

Los otros cuatro capturados, agentes en activo de la PNC e integrantes de la misma banda criminal, identificados como Samuel Girón, José Armando Ruano, Lucas Santiago López y Balmoré Guzmán, habrían sido cómplices del hecho.

Otras dos personas implicadas en este crimen, y cuyos nombres no fueron revelados, se encuentran pendientes de ser capturadas.

Además de los arrestos, las fuerzas de seguridad también lograron incautarse del vehículo utilizado para el asesinato, así como de un importante lote de armas de grueso calibre.

El jefe de la Cicig aseguró que "este grupo criminal preparaba dos nuevos asesinatos" en contra de personas que no identificó, lo cual obligó a los investigadores a apresurar las capturas.

Además, se congratuló porque "durante estos cuatro meses de investigación", y en el operativo que permitió las capturas, en el que participaron 260 personas, en su mayoría guatemaltecos miembros de las fuerzas de seguridad, "no hubo fuga de información".

Rosenberg, un prominente abogado de 47 años, con maestrías en Harvard y Cambridge, en un vídeo grabado dos días antes de su asesinato, responsabilizó de su eventual muerte al presidente Álvaro Colom y su esposa, Sandra Torres.

En la filmación también señalaba como responsables al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y a un grupo de empresarios y banqueros cercano al Gobierno.

Esos señalamientos desataron una de las más graves crisis políticas que ha vivido Guatemala, y suscitó la polarización de la sociedad entre quienes exigían la renuncia de Colom para que fuera procesado ante la Justicia, y los que lo apoyaban y confiaban en su inocencia.

El Gobierno negó las acusaciones y aseguró que todo se trataba de una conspiración en su contra, orquestada por grupos interesados en desestabilizar el país.

El fiscal general, Amilcar Velásquez, "por razones de seguridad" se negó a revelar los detalles de las investigaciones sobre los móviles y responsables intelectuales de este crimen.

Sin embargo, aseguró que tras la captura de los supuestos autores materiales, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que los implicados huyan del país.