Los Grupos presentan 177 propuestas de resolución, 153 de la oposición

Zaragoza.-  Los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón han presentado 177 propuestas de resolución para su debate y votación en la tercera y última sesión del debate sobre el estado de la Comunidad el próximo martes, de las que 153 han sido presentadas por PP, CHA e IU.

El PP ha presentado 73 propuestas de resolución, con las que pretende conseguir una modificación "radical" de las políticas sociales y económicas con el objetivo de "combatir la crisis y mejorar la calidad de vida de los aragoneses".

Plantean la reprobación del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, por el apoyo prestado al nuevo modelo de financiación autonómica, y reclaman una compensación económica para Aragón, además de rechazar el acuerdo alcanzado sobre la deuda tributaria.

Dentro de las proposiciones de los populares, hay un paquete importante que configuran un plan de medidas económicas urgentes, encaminadas a la rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta, la supresión de la tributación por sucesiones y donaciones, el incremento de la inversión pública con nuevas fórmulas de colaboración con la iniciativa privada o la implementación de un programa de austeridad en el sector público.

Además, respecto al proceso de venta de la división europea de General Motors a Magna, el PP exige al Gobierno de Aragón "coraje, empuje, valor, iniciativa, firmeza y liderazgo en la defensa de los intereses de los aragoneses".

Chunta Aragonesista defenderá 34 propuestas de resolución, entre las que destacan las de carácter económico y contra la crisis, como la elaboración de un plan de desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento económico, la reordenación del sistema tributario y el avance en una fiscalidad progresiva y directa.

También reclaman al Gobierno central el cobro efectivo e íntegro de la deuda tributaria y que las inversiones de los Presupuestos Generales en Aragón sean proporcionales a la superficie del territorio aragonés.

Hay propuestas relacionadas con la corrupción urbanística en La Muela y de rechazo al modelo de financiación autonómica, mientras que en infraestructuras y comunicaciones las hay referidas a la urgente construcción de la estación de Goya en Zaragoza, el peaje de las autopistas AP-68 y AP-2, la reapertura del Canfranc y la Travesía Central por el Pirineo.

Además, apremian al gobierno a cumplir "múltiples compromisos anunciados pero pendientes o relegados", como las leyes de Educación, de Coordinación de Policías Locales o del Consejo Audiovisual de Aragón.

IU, por su parte, ha presentado 46 propuestas, diez relacionadas con la reforma fiscal, la creación de una banca pública, la financiación de las pymes o un plan de inversiones públicas, y siete sobre educación.

También ha registrado tres propuestas sobre el agua, relativas al seguimiento del Pacto del Agua y las infraestructuras hidráulicas; dos sobre la financiación de las entidades locales y otras dos sobre General Motors.

La movilidad, evitar los modelos de crecimiento insostenible vinculados a desarrollos urbanísticos especulativos, la vivienda protegida o la ley de dependencia son otros de los asuntos sobre los que incidirá Izquierda Unida.

PSOE y PAR firman seis mociones conjuntas sobre General Motors, la diversificación de la economía aragonesa, planes de actuación en zonas afectadas por incendios, la reserva hidráulica de 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón que garantiza el Estatuto de Autonomía de Aragón o el rechazo a cualquier trasvase del Ebro.

El Grupo Socialista defenderá ocho propuestas, relacionadas con el fomento a los centros tecnológicos de Aragón, un programa extraordinario para el fomento del empleo, el apoyo a sectores estratégicos agrarios o el apoyo a las personas más desfavorecidas.

Y, finalmente, el PAR ha registrado diez, relacionadas fundamentalmente con al autogobierno, el artículo 108 del Estatuto de Autonomía para un acuerdo bilateral de financiación, el Archivo de la Corona de Aragón, las segundas transferencias a las comarcas, la reorganización de las competencias locales o la ley de aguas.