El PSOE advierte a CC que desobedecer a los tribunales puede tener consecuencias penales

Santa Cruz de Tenerife.-  El grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se mostró hoy convencido de que CC votará en el pleno de mañana a favor de su moción para recuperar los 53 millones de euros de fondos públicos en el caso de Las Teresitas, porque lo contrario sería desobedecer a los tribunales y un posible delito de desacato ante resoluciones judiciales.

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(EFE)

La moción socialista reclama al grupo de gobierno que, tal como han establecido los tribunales al declarar ajeno a la legalidad el pago de 53 millones de euros por la compra de los terrenos del frente de la playa a los empresarios Antonio Plasencia (en la imagen) e Ignacio González, propietarios de Inversiones Las Teresitas, proceda a ejecutar la sentencia y recupere ese dinero, para utilizarlo en empleo, gastos sociales y seguridad ciudadana. EFE/Archivo

La moción socialista reclama al grupo de gobierno que, tal como han establecido los tribunales al declarar ajeno a la legalidad el pago de 53 millones de euros por la compra de los terrenos del frente de la playa a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, propietarios de Inversiones Las Teresitas, proceda a ejecutar la sentencia y recupere ese dinero, para utilizarlo en empleo, gastos sociales y seguridad ciudadana.

La sentencia instando a la recuperación del dinero público es de 2007, pero hasta ahora el Ayuntamiento no la ha ejecutado y ha intentado ganar tiempo con "recursos imposibles" que ha perdido, dijo en rueda de prensa el portavoz socialista, José Ángel Martín.

Martín subrayó que la decisión judicial es favorable para los intereses municipales y por eso no se entiende que CC no quiera recobrar el dinero.

Por eso, votar en contra de la moción socialista sería no sólo ir en contra del interés público, sino también una forma de desacato y de desobediencia civil ante sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Tribunal Supremo, lo que podría tener consecuencias penales.

El secretario general del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, dijo que la moción socialista pretende "rectificar el pelotazo" que supuso pagar 53 millones de euros por unos terrenos que en gran parte ya eran propiedad pública.

Los 53 millones son "dinero público que Coalición Canaria regaló" en una operación en la que no se incluyó una tasación municipal de los terrenos y en la que se intentó presionar sin éxito a una técnica de la gerencia de urbanismo, Pía Oramas, para que fijara un precio superior al real, dijo José Ángel Martín.

El precio de los terrenos, de los que al menos una tercera parte ya eran públicos por estar en el dominio público marítimo terrestre, "se adaptó a las necesidades de los vendedores" para lo que se recurrió a tasaciones privadas ajenas al Ayuntamiento, dijo el portavoz.

José Ángel Martín confió en que esta moción sirva para iniciar el camino de la recuperación de Las Teresitas y su entorno, en donde está garantizado que no habrá operaciones urbanísticas porque sigue vigente el convenio que impide su construcción.

Según los socialistas, 53 millones de euros es una cantidad muy importante para unas arcas municipales mermadas y que se debe destinar a empleo, gastos sociales y seguridad ciudadana, asuntos en los que el PSOE ofrece diálogo a las demás fuerzas políticas para tratar de su distribución.

El grupo Socialista también presentará una moción en el pleno para que se haga una auditoría de gestión en el Ayuntamiento, después de que Coalición Canaria y su socio en el gobierno hasta hace dos meses, el Partido Popular, se estén acusando mutuamente de "corruptelas, irregularidades, expedientes ilegales y deudas sin justificar".

No se trata de una simple auditoría económica, sino de una auditoría de gestión que incluya la eficiencia de la utilización del dinero público en la respuesta a los problemas de la ciudad.

Las cuentas municipales están "tocadas", hay "deudas por todos" lados e indemnizaciones a empresas por la ineficacia de la gerencia de urbanismo, enumeró José Ángel Martín.

Admitió que la auditoría debe contratarse externamente a través de un concurso público y que costará bastante dinero, pero los beneficios van a ser mucho mayores, aseguró.