Detenido un noveno implicado a la espera de que los arrestados declaren ante Garzón

Barcelona.-  Los ocho detenidos en Cataluña en la operación contra la corrupción urbanística han declarado hoy ante la Guardia Civil, a la espera de comparecer el próximo viernes ante el juez Baltasar Garzón, que hoy ha ordenado la detención en Madrid de un noveno implicado, el empresario Manuel Carrillo.

ampliar foto

(EFE)

Grupos de ciudadanos hoy frente a la fachada del ayuntamiento de Santa Coloma (Barcelona) mientras continúa la investigación del caso.

Tras pasar la noche en la comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca, los ocho detenidos en Cataluña, entre ellos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, y dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU), Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, han declarado hoy ante los agentes, a la espera de ser trasladados mañana a Madrid.

Precisamente en Madrid ha sido arrestado hoy por orden de Garzón otro supuesto implicado en la trama, Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa Mediterránea, una empresa de servicios de limpieza que posee una delegación en Santa Coloma de Gramenet.

La operación "Pretoria" ha provocado una gran conmoción política y social en Cataluña, que aún permanecía bajo el impacto del escándalo de corrupción del "caso Palau", lo que ha llevado incluso al presidente de la Generalitat, José Montilla, a lanzar un mensaje de confianza en las instituciones públicas y en sus gestores, pese a entender la "alarma social" e "irritación" de la ciudadanía.

En cualquier caso, hoy ha trascendido que la Sindicatura de Comptes halló en 2003 irregularidades en varios aspectos de la gestión de Bartomeu Muñoz al frente del ayuntamiento, como en la adjudicación de obras, aunque ningún grupo del Parlament quiso analizar y debatir el informe cuando se recibió en 2007.

En el estudio, la Sindicatura de Comptes analizaba minuciosamente tres áreas de gestión del consistorio en las que detectó varias irregularidades, como en el impuesto sobre las plusvalías de terrenos de naturaleza urbana, la gestión de personal y las inversiones reales y su financiación.

La auditoría desvela, en el apartado de inversiones y financiación, que había dos obras, presupuestadas en 496.003 euros en total, que fueron realizadas sin formalizar el preceptivo expediente administrativo, lo que el informe ya advertía que podría derivar en responsabilidades administrativas.

También había otros dos expedientes en los que la propuesta a la comisión de gobierno para que aprobara la adjudicación a un contratista era anterior a la propuesta de la mesa de contratación.

Asimismo, la Sindicatura también detectó la existencia de tres expedientes de obras en los que en primer lugar se presentaron las ofertas de los adjudicatarios y posteriormente se aprobó el proyecto y el pliego de condiciones.

Este informe llegó al Parlament en el segundo semestre del año 2007 aunque, pese a las irregularidades detectadas, ningún grupo de la cámara catalana pidió que fuera presentado en Comisión para poder analizarlo, debatirlo y proponer medidas correctoras.

Precisamente, parte de la investigación de Garzón se centra en operaciones urbanísticas de dudosa legalidad, como la de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), donde el ex diputado socialista Luis García, también detenido, ganó al menos dos millones de euros en dos años gracias a una recalificación de unos terrenos.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha tratado hoy de recuperar la normalidad con la vuelta al trabajo de todos los funcionarios para atender a los vecinos bajo el mando de un alcalde accidental, Joan Carles Mas (PSC), que por la mañana ha acudido también a la comisaría de Sant Andreu de la Barca a declarar como testigo.