Obama firma una ley contra los delitos de odio

Washington.-  El presidente Barack Obama promulgó hoy una nueva ley que amplía la definición de los delitos que cuenten con motivación discriminatoria, y que ahora se extenderá a la violencia por orientación sexual, de género o contra los discapacitados.

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(EFE)

En una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca, Obama afirmó que "debemos alzarnos contra los delitos que lo que buscan es quebrar nuestro espíritu".

En una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca, Obama afirmó que "debemos alzarnos contra los delitos que lo que buscan es quebrar nuestro espíritu".

La nueva ley, según el presidente estadounidense, representa "un nuevo paso adelante para conseguir una unión más perfecta" de los estados que componen EEUU.

La medida lleva los nombres de Matthew Shepard, un adolescente homosexual que murió a golpes tras ser secuestrado en octubre de 1998, y de James Byrd, un hombre de raza negra que ese año fue arrastrado por un automóvil hasta morir en Texas.

Tanto los familiares de Shepard como de Byrd se encontraban presentes en la ceremonia de la firma, a la que también asistieron el vicepresidente Joe Biden, el secretario de Defensa, Robert Gates, el secretario de Justicia, Eric Holder, y destacados congresistas.

La iniciativa se encuentra incluida en una nueva ley de presupuestos de Defensa que autoriza el gasto de 680.000 millones de dólares.

Algunos grupos religiosos conservadores han expresado preocupación porque la ley se pueda interpretar de tal modo que se considere delito el hablar en contra de asuntos como el aborto o la homosexualidad.

Holder ha subrayado que la medida tiene como objeto perseguir los actos de violencia por razones de discriminación y no poner en peligro la libertad de expresión.

Entre 1998 y 2007 se produjeron en Estados Unidos más de 77.000 "crímenes de odio", actos de violencia motivados por prejuicios o discriminación. Esto representa un incidente de este tipo "cada hora, cada día a lo largo de toda una década", según declaró Holder ante el Senado el pasado junio.

Un informe del FBI indica que entre 2003 y 2007 los ataques contra los latinos aumentaron en un 40 por ciento, y en 2007 los hispanos representaron el 61,7 por ciento de las víctimas de crímenes de odio con una motivación racial, étnica o por origen nacional.

La medida que suscribió hoy Obama ya fue aprobada la semana pasada en el Senado con 68 votos a favor y 29 en contra.

La iniciativa, que fue impulsada en su día por el senador Edward Kennedy, fallecido en agosto, en realidad amplía una ley federal en vigor desde 1968 que criminaliza los ataques contra grupos étnicos y raciales, o cometidos en base al origen nacional o creencia religiosa de las víctimas.

La Cámara de Representantes ya había dado su visto bueno a la ley Shepard-Byrd en abril pasado.

Las organizaciones pro derechos de las minorías han acogido con satisfacción la firma de la misma.

Según la Conferencia para el Liderazgo en Derechos Civiles, gracias a la nueva ley "nuestro país ha dado un paso más para asegurarse de que todos los estadounidenses -sin que importe su raza, color, religión, origen nacional, género y su orientación sexual real o percibida- no tengan que vivir con miedo de daño físico o de intimidación".

La Conferencia alude a varios casos recientes, como los perpetrados contra los hispanos Luis Ramírez -muerto de una paliza a mano de adolescentes en Pensilvania- o contra Angie Zapata, un travesti adolescente también muerto a golpes en Colorado el pasado abril.

Asegura que la legislación "envía un claro mensaje a las víctimas de esta violencia de que valoramos el derecho básico de cada estadounidense de estar a salvo del daño físico".

Por su parte, el presidente del Consejo Laboral para el Avance de los Trabajadores Hispanos, Milton Rosado, declaró que "agradecemos al presidente Obama que reconozca la grave situación que afrontan muchos en este país, en particular los latinos, que constituimos la mayoría de las víctimas de crímenes de odio".

Pero la medida también ha suscitado reacciones de sus críticos. Así, el Consejo para la Investigación de la Familia aseguró por boca de su presidente, Tony Perkins, que la nueva legislación "viola el principio de la justicia imparcial ante la ley y amenaza con inmiscuirse en el derecho a la libertad de expresión del pueblo estadounidense".