Buenos Aires.- Un juez suspendió la subasta de un pequeño pueblo del centro de Argentina que está en medio del conflicto entre una empresa y un banco de capital español por la ejecución de una hipoteca, dijeron hoy fuentes vinculadas al caso.
El juez Molina Portela dispuso que se haga una medición del poblado para determinar qué parte está involucrada en la ejecución hipotecaria que demanda el banco.
La subasta de Olivares de San Nicolás, de unas 20 hectáreas de extensión y con más de 600 habitantes, la mayoría de escasos recursos, fue suspendida por el juez de Buenos Aires Carlos Molina Portela, el mismo que hace diez días había dispuesto que se llevara a cabo el 18 de diciembre próximo, indicaron.
El juez, del fuero comercial, ordenó que se haga una medición del terreno que ocupa el pueblo dentro de las 2.196 hectáreas con las que la firma Olivares y Viñedos de San Nicolás garantizó una hipoteca, a la que luego no pudo hacer frente, con el BBVA-Banco Francés, controlado por el español Bilbao Vizcaya-Argentaria.
El presidente de la empresa, Jorge Pierrestegui, destacó a Efe que este es el resultado de "intensas negociaciones" con el banco que "dan tranquilidad a la gente" de Olivares de San Nicolás, en la provincia de Córdoba, a unos 1.000 kilómetros de Buenos Aires.
Pero advirtió que tras "desistir" de subastar el pueblo, como se habían comprometido las partes, el banco "se ha retirado" de las negociaciones para que la empresa cancele su deuda, a pesar de que las éstas "estaban muy avanzadas"; la institución financiera no ha hecho, de momento, comentarios a al respecto.
"Mantengo el optimismo: tiene muy poco sentido salvar al pueblo por un lado y por el otro subastar la fuente de trabajo de sus pobladores", comentó Pierrestegui, luego de asegurar que no pierde las esperanzas de llegar a un acuerdo con el banco.
Olivares de San Nicolás ocupa solo unas 20 hectáreas del terreno hipotecado por la empresa, dedicada a la producción de aceitunas y aceite de olivo "orgánicos" (sin fertilizantes ni pesticidas) que exporta en su totalidad a Estados Unidos.
Una parte del pueblo, fundado por la empresa cuando se creó hace 50 años, quedó con el correr de los años afuera del terreno en litigio.
Por esta razón, el juez Molina Portela dispuso que se haga una medición del poblado para determinar qué parte está involucrada en la ejecución hipotecaria que demanda el banco.
Con esos datos, el magistrado podrá ordenar las tramitaciones destinadas a dejar definitivamente fuera de la ejecución aquella parte del pueblo que ocupa el terreno en litigio.
"No tiene sentido quitarle a la gente la fuente de empleo", insistió Pierrestegui, al afirmar que si se subasta el terreno de la empresa "seguramente allí se lo sembrará con soja", que ocupa una escasa mano de obra y es el cultivo más rentable del sector agrícola argentino.
El empresario dijo que ha ofrecido cancelar una deuda de 1,3 millones de dólares, "una suma muy cercana a la que pide el banco" en dos pagos, uno antes y otro después de la cosecha del olivo, que concluye en marzo próximo.
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