Los grupos del Congreso buscan hoy un acuerdo que marcará la política migratoria de la próxima legislatura

MADRID.-  Los Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados buscarán hoy acordar un documento que "trazará las líneas generales de la política migratoria de la próxima legislatura, independientemente de quien gobierne", según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

ampliar foto

ep (EUROPA PRESS)

Los Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados buscarán hoy acordar un documento que "trazará las líneas generales de la política migratoria de la próxima legislatura, independientemente de quien gobierne", según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

El Grupo socialista entregó la semana pasada a las demás formaciones políticas "un documento base" en el que se incluían propuestas de los expertos que, a lo largo de los últimos meses, han comparecido en la subcomisión sobre Política de Inmigración. El texto deberá ser consensuado entre todos los grupos.

Así, los socialistas plantean una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y en su caso, de la Constitución, para reconocer progresivamente los derechos de participación política de los extranjeros no comunitarios y con residencia legal en España, comenzando por la participación en los procesos electorales municipales.

El PSOE quiere que se estudie la posibilidad de reconocer el derecho al voto a los extranjeros no comunitarios, según consta en el documento de propuestas, al que tuvo acceso Europa Press. Además, el Grupo Socialista sugiere la creación de un Plan Nacional contra el Racismo y la Xenofobia, así como la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Inmigración e Integración.

Igualmente, destaca la necesidad de crear una fiscalía especializada para los delitos relacionados con la inmigración o fruto del racismo y la xenofobia. Por otro lado, propone al resto de las formaciones intensificar "sustancialmente" la capacidad de repatriación de inmigrantes, construir nuevos centros de internamiento en todo el territorio nacional y "flexibilizar" la duración del internamiento, actualmente establecida en 40 días.

PP QUIERE AGILIZAR LOS TRÁMITES

Por su parte, el PP plantea crear una agencia de Inmigración y Empleo que actúe como oficina de información, orientación y empleo para los inmigrantes que deseen trabajar en España. La iniciativa contempla que este organismo facilite la agilización en la tramitación de la contratación de personas inmigrantes.

Además, el PP quiere que España adopte una política activa de captación de inmigración cualificada, en la que se establezcan "criterios concretos" vinculados "a pruebas específicas de idoneidad de conocimientos y valores, así como a la procedencia y recursos económicos" de los inmigrantes.

Los 'populares' también proponen que se prohíba por ley las regularizaciones masivas, que se fortalezcan el control de las fronteras de España y que se refuerce la política de expulsiones y repatriaciones. Del mismo modo, solicitan que las expulsiones de inmigrantes que decretadas sean "efectivas" y que se ponga fin "a la situación generalizada de personas con órdenes de expulsión no ejecutadas".

Del igual forma, el PP desea que las comunidades autónomas acuerden con el Gobierno un proyecto de traslado de menores que sea "solidaria en todo el territorio nacional". En este sentido, la diputada de Colación Canaria Ana María Oramas, perteneciente al Grupo Mixto, mantiene que, en caso de superarse la capacidad de acogimiento de una comunidad autónoma, los inmigrantes deben ser repartidos de manera "equitativa" entre las demás autonomías.

IU PROPONE LUCHAR CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Mientras, IU-ICV pide medidas que luchen contra la economía sumergida, el tráfico de seres humanos y la explotación laboral de los inmigrantes. Además, propone modificar la ley de Extranjería para posibilitar "que las autorizaciones de residencia tengan implícita una autorización de trabajo".

En cuanto al capítulo de los menores no acompañados, IU-ICV reclama "el cese inmediato de la devolución" de estos niños, "especialmente a Marruecos", sin las mínimas garantías de respeto a ser oídos, a su integridad y a sus derechos.

Por su parte, CiU señala en su escrito que las principales vías de acceso de los inmigrantes irregulares son "por avión con visado turista y las fronteras terrestres con otros estados de la Unión Europea". Asimismo, solicita que las comunidades autónomas participen activamente a la hora de "determinar el volumen de inmigrantes que reciben sus territorios".

Mientras, el diputado del PNV Emilio Olabarría pidió "una legislación nueva en materia de extranjería", ya que, a su juicio, las primeras leyes sobre esta materia "tienen una perspectiva delictiva" cuando debería basarse "en la solidaridad con los extranjeros" que ya viven en España. Desde el PNV defienden que la repatriación de las personas que han llegado a España de manera irregular debe ser "siempre a sus países de origen y no a los países de los que han salido los cayucos".

Desde ERC mantienen que España y toda la comunidad internacional "debe esforzarse por encontrar mecanismos eficaces que garanticen el equilibrio entre los países pobres y ricos del mundo. Igualmente, defienden que la inmigración "ha sido y es muy positiva" para España, pero que es un "desafío complejo que debe ser abordado desde una perspectiva "transversal e integral".