MADRID.- La Comunidad de Madrid ha suspendido cautelarmente la funcionamiento de la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos de la centro 'Mayrit', situado en el número 135 bis de la calle Toledo de la capital, alegando la existencia de un riesgo inminente grave para la salud de las personas.
La Comunidad de Madrid ha suspendido cautelarmente la funcionamiento de la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos de la centro 'Mayrit', situado en el número 135 bis de la calle Toledo de la capital, alegando la existencia de un riesgo inminente grave para la salud de las personas.
La clínica ha sido denunciada, además, en el juzgado de guardia por la Consejería de Sanidad, procedimiento que se deriva de una inspección de oficio realizada ayer, aseguró hoy a Europa Press un portavoz del departamento autonómico.
Concretamente, los inspectores de la Administración sanitaria madrileña encontraron "varias historias clínicas sujetas por una goma y con un cartel que pone 'destruir' firmadas por pacientes y facultativos que trabajan en el centro".
Cuando la responsable del centro fue preguntada por dichas historias, ésta señaló que los abortos no se habían realizado en el centro. Además, "comprobado el libro de quirófano resulta que dichas intervenciones no figuran en el mismo, a pesar de que en algunas de esas historias hay consentimientos informados de anestesia firmados por pacientes", se agregó.
Desde la Consejería de Sanidad también se subrayó que "en la consulta del psiquiatra se encuentran encima de la mesa varios ejemplares de informes clínicos en los que se contiene dictamen con la casilla de 'grave peligro para la vida o salud física de la embarazada' marcada y firmados y sellados por médico especialista en psiquiatría". "Dichos informes -se agregó- aparecen con el resto de los datos en blanco".
El centro dispone de autorización sanitaria como centro de planificación familiar con interrupción voluntaria del embarazo de bajo riesgo, es decir, hasta 12 semanas de gestación y con bajo riesgo para la salud de la embarazada, y como consultorio de ginecología y obstetricia.
La denuncia presentada en el juzgado de guardia cita, como Fundamentos de Derecho, el art. 140 de la Ley 12/2001, de 21 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que "determina que la Consejería de Sanidad es competente para realizar, dentro de su marco territorial, las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en la legislación sanitaria vigente así como para adoptar aquellas medidas cautelares que legalmente les sean atribuidas, para asegurar la efectividad en la protección a la salud, cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente grave para la salud de las personas".
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