La justicia investiga si un represor argentino se suicidó o fue asesinado

Buenos Aires.-  La familia del ex marino argentino Héctor Febres fue arrestada hoy, mientras que una jueza investiga si el represor se suicidó o fue asesinado cuatro días antes de emitirse el veredicto del juicio que se le seguía por delitos cometidos en la última dictadura militar.

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(EFE)

La familia del ex marino argentino Héctor Febres fue arrestada hoy, mientras que una jueza investiga si el represor se suicidó o fue asesinado cuatro días antes de emitirse el veredicto del juicio que se le seguía por delitos cometidos en la última dictadura militar.

La policía detuvo hoy a la esposa de Febres, a sus dos hijos y a su yerno, después de haber arrestado este jueves a dos miembros de la Prefectura Naval (guardacostas) que lo custodiaban en su lugar de detención, tras determinarse que el represor había muerto por envenenamiento.

El caso dio el lunes un giro inesperado, cuando el represor fue hallado muerto en la dependencia de la Prefectura Naval de la periferia de Buenos Aires donde estaba preso, a la espera de conocer hoy la sentencia del juicio en su contra.

La jueza Sandra Arrollo ordenó entonces la realización de una autopsia al cadáver, que arrojó como primer resultado que Febres había muerto por un infarto, aunque quedaba por determinarse si el paro cardíaco había sido provocado por algunas sustancia tóxica.

Esa sustancia fue cianuro, y "en abundante cantidad", según informaron fuentes judiciales, antiguas víctimas de Febres y abogados de las partes querellantes en el proceso que se le seguía por delitos cometidos en la principal cárcel clandestina del último régimen de facto (1976-1983).

Arrollo ordenó la detención de la esposa de Febres, Stella Maris Guevara, sus hijos Héctor Ariel y Sonia, y su yerno, cuya identidad no fue difundida, después de establecer que habían cenado con el ex agente de la dictadura el último domingo.

Además de las detenciones, la magistrada dispuso entre el jueves y hoy una decena de allanamientos en otras dependencias de la Prefectura Naval y en varias propiedades de la familia Febres.

Para los abogados querellantes, no hay dudas de que se trató de un asesinato.

Uno de ellos, Rodolfo Yanzón, vinculó este hecho con la desaparición de Jorge Julio López, una albañil que desapareció hace más de un año tras declarar en un juicio contra un ex comisario posteriormente condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

"El mensaje del aparato represivo es claro, y la advertencia de que nadie rompa el pacto de silencio se corresponde con la desaparición de López", destacó el letrado en declaraciones al canal de televisión C5N.

Yanzón responsabilizó por la muerte de Febres a la Prefectura Naval, la fuerza a la que perteneció el represor, y a los jueces por "no tomar medidas claras, como el alojamiento en cárceles comunes" de quienes son juzgados por delitos de lesa humanidad.

"Estamos preocupados por los sobrevivientes y testigos en estos casos y así no vamos a poder seguir avanzando", sostuvo.

La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró hoy que el envenenamiento de Febres demuestra que hay "una mafia que está presente todavía" y "no tiene escrúpulos", aunque defendió el rol del Estado, que a su juicio tiene una "firme convicción" de que este caso se esclarezca.

Además, Carlotto adelantó que la organización que preside será querellante en la causa que investiga la muerte del represor, debido a las acusaciones que pesaban sobre él por la entrega de bebés, hijos de desaparecidos y nacidos durante el cautiverio de sus padres en la dictadura, a familias afines a los militares.

Héctor Febres, de 65 años, estaba siendo sometido a juicio como presunto coautor de cuatro casos de privación ilegal de libertad y aplicación de tormentos a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel ilegal de la dictadura.

El proceso al ex marino había comenzado hace dos meses y era el primero que se llevaba a cabo en este país por crímenes cometidos en la ESMA, donde -según los organismos de derechos humanos- estuvieron cautivas unas cinco mil personas.

Numerosos testigos señalaron al "gordo Daniel", uno de los alias del ex prefecto, como uno de los "más cruentos" torturadores de la ESMA e incluso lo relacionaron con los tristemente famosos "vuelos de la muerte", en los que los detenidos eran arrojados vivos al mar.