Santiago de chile.- La sección chilena de Amnistía Internacional calificó hoy como "muy peligrosa" la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de ordenar el cierre de procesos por violaciones a los derechos humanos a bordo del buque escuela "Esmeralda", aún cuando las investigaciones no están terminadas.
El programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior rechazó este lunes la decisión de la Corte de Valparaíso y afirmó que una "instancia superior no puede fijarle plazos a un tribunal en tanto no estén cumplidos los objetivos del sumario", porque, entre otras cosas, viola el derecho penal internacional.
"Esta resolución podría facilitar la impunidad de responsables de violaciones a los Derechos Humanos", afirmó Amnistía en un comunicado.
Explicó que está resolución es contraría a normas nacionales e internacionales y "que afecta la búsqueda de la verdad y la acción de la justicia en Chile, en uno de los casos emblemáticos de violaciones de Derechos Humanos, como el de arrestos, maltrato y torturas a bordo del buque escuela 'Esmeralda'".
La resolución del tribunal de Valparaíso, que se conoció ayer por fuentes judiciales, fijó inicialmente a la jueza Eliana Quezada, quien investiga las violaciones a los derechos humanos en el navío, un plazo hasta el 19 de noviembre pasado, pero después de un informe de la magistrada se extendió hasta el próximo 31 de diciembre.
Al respecto, el organismo internacional dijo que con ello la Corte "pretende involucrarse en los procesos" que están a cargo de Quezada, "acción estrictamente contraria a la Constitución".
En tanto, organismos de derechos humanos llegaron hoy hasta el palacio de Tribunales de Valparaíso, a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, y entregaron una carga de respaldo a la magistrada del caso.
El director de la Comisión Ética contra la Tortura de Valparaíso, Nelson Aramburu, lamentó la determinación de la justicia y consideró que ello demuestra "las múltiples presiones que existen para que la jueza deje de investigar".
En ese sentido, recordó las amenazas de muerte que ha recibido la jueza Eliana Quezada, que hoy cuenta con protección policial.
La magistrada, que el pasado miércoles inspeccionó por primera vez el "Esmeralda", investiga, entre otros casos, el asesinato del sacerdote británico Miguel Woodward, preso y torturado a bordo de la nave tras el golpe militar de 1973.
El sacerdote fue detenido por personal de la Marina en octubre de 1973 y, según consta en el proceso, fue torturado y muerto a bordo del navío, que durante algunas semanas fue utilizado como cárcel de prisioneros políticos.
Patricia Woodward, hermana del sacerdote, manifestó sus sospechas frente a la decisión del tribunal, ya que, a su juicio, si se pone fin a la investigación la única beneficiada sería la Armada, por cuanto la jueza prepara los procesamientos en este caso en contra de oficiales retirados de esa institución.
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