Zaragoza.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó hoy de forma unánime una moción con la que pretende defender sus competencias municipales y rechazar las injerencias del Gobierno de Aragón a su juicio incluidas en el decreto-ley promulgado para adaptar la normativa urbanística aragonesa a la Ley estatal del Suelo.
Los portavoces municipales del PSOE, PP, PAR, CHA e IU mostraban así su posición contraria al decreto-ley que convalidó ayer el Pleno de las Cortes de Aragón y que fue promulgado por el Ejecutivo autonómico, a principios de diciembre, para adaptar la normativa urbanística aragonesa a la Ley estatal del Suelo de mayo de este año, y que suscitó las dudas y suspicacias de la oposición al entender que invade de forma grave las competencias municipales.
Carlos Pérez Anadón (PSOE) opinó que Zaragoza es una ciudad con una "realidad concreta" que hay que analizar con las peculiaridades que tiene y por ello se mostró satisfecho por haber conseguido el consenso en torno a un tema "complicado" y al mismo tiempo "vital" para el buen funcionamiento del Ayuntamiento y de la ciudad.
Anadón escuchó críticas por parte de la oposición por la falta de acción de Gobierno para evitar este decreto-ley y por la falta de diálogo y entendimiento con el Gobierno de Aragón, a las que respondió tajante, asegurando que el equipo de Gobierno municipal ha dicho "en público y en privado" que "esto no nos gusta" con el objetivo de conseguir "el mejor resultado final" y dejando a un lado "los intereses partidistas".
El portavoz popular, Domingo Buesa, lamentó los "ataques" que el Gobierno aragonés hace a la autonomía municipal, una muestra del poco talante democrático del PSOE en el Ejecutivo, que vuelve a entrar a "golpe de decreto" en materia urbanística.
Consideró que el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, debería haber sido "más contundente" y haber exigido "con dureza" a los parlamentarios que el Ayuntamiento de la capital aragonesa debe ser tratado "como se merece".
A su juicio, esta situación genera una falta de transparencia y sobre todo afecta al plan general aprobado, que legitima todas las actuaciones urbanísticas que se hagan y que "hay que cumplirlo".
Por su parte, Juan Martín, de CHA, indicó que la norma de ayer demuestra que no se ha consultado al Ayuntamiento, ya que incide en las competencias municipales y establece fórmulas que modifican planes en tramitación, además de que demuestra el "nivel de frivolidad" del Gobierno autonómico al opinar sobre este asunto.
También dudó de la capacidad de liderazgo del alcalde en este asunto, que calificó de "provocación" y de intento de ganar con un decreto-ley "lo que no ha ganado en las urnas".
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