Un estudio intenta cuantificar el coste que supone la prestación de los servicios de Dependencia

Valladolid.-  Un grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid intentará cuantificar el coste que tendrá para las administraciones autonómicas la prestación de servicios sociales derivados de la aplicación de la denominada Ley de Dependencia.

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(EFE)

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo Moro, durante la firma con el rector de la Universidad de Valladolid, Evaristo Abril, del convenio que prorroga la realización del Proyecto de Investigación sobre Financiación Autonómica.

La Junta de Castilla y León, que impulsa este estudio a través del convenio de colaboración que mantiene con la institución académica, considera que los fondos que sostendrán los servicios sociales asociados a la Ley deben estar vinculados a la futura negociación del nuevo marco de financiación autonómica.

Así lo ha defendido hoy la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien ha firmado con el rector de la Universidad, Evaristo Abril, la prórroga del convenio suscrito el pasado año, que cristalizó en un estudio que defiende que el sistema actual de financiación autonómica "pondera en exceso" el criterio de la población.

Del Olmo ha añadido, respecto a la inclusión en el modelo de financiación de los gastos derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia, que el Estado "debe contemplar que tiene un coste importante" para las comunidades autónomas.

La ampliación del estudio rubricada hoy incluye también el análisis que tiene el factor de la dispersión geográfica de la población, que es otro de los criterios que la Junta de Castilla y León considera que se deberán tener en cuenta en la próxima negociación de la financiación autonómica.

De hecho, este es uno de los criterios incluidos en el artículo 83 del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que habla de que dentro del sistema de financiación de las comunidades autónomas, para esta Comunidad "se ponderarán adecuadamente los factores de extensión territorial, dispersión territorial, baja densidad y envejecimiento de la población".

El grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid aportará también una propuesta de reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

Respecto al estudio presentado en febrero pasado por el mismo equipo de la Universidad de Valladolid acerca de la financiación autonómica, Del Olmo ha explicado que cuando lo presentó al Ministerio este departamento se comprometió a hacer llegar esta metodología al resto de las comunidades porque "le parecía interesante".

Sin embargo, la consejera ha reconocido hoy que no sabe si los representantes de las diferentes autonomías han recibido o no el documento, aunque ha asegurado que si carecen de él se encargará de enviárselo para que lo puedan aplicar a sus territorios.

Del Olmo ha expresado también que "es difícil ponerse de acuerdo en una metodología", aunque ha añadido que "ningún gobierno puede oponerse a un modelo" y "ningún gobernante se puede poner una venda".

Además, ha subrayado que el principio que defiende la Junta de Castilla y León en esta cuestión está al margen de cuestiones partidistas, "con independencia del signo que tenga cada gobierno autonómico", porque su intención es que el modelo de financiación no se pacte "por presión política" sino por "objetividad".

Entre las propuestas generales del estudio presentado en febrero pasado figuran la de modificar algunas de las ponderaciones que se cruzan con las variables vinculadas a las características del territorio, tanto en lo que atañe a la financiación de las competencias comunes, como en el caso de la sanidad.