Sevilla.- El PP-A recurrirá en los próximos días ante el Tribunal Constitucional (TC) varios artículos de la ley andaluza de Farmacia, al considerar que es "intervencionista", crea "inseguridad jurídica" y "aleja" a este sector de las demandas reales.
Diferentes logotipos lumisnos de farmacias se muestran en un 'estand' en el XV Congreso Nacional Farmacéutico.
La medida fue hoy anunciada por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien ha precisado que su partido tiene ya todo preparado para interponer el recurso al TC, a través de 50 diputados del Congreso de los Diputados.
El pasado día 4 de diciembre el Parlamento aprobó, con el único apoyo del PSOE, la Ley de Farmacia de Andalucía, que prevé que la Consejería de Salud asuma la planificación de los servicios farmacéuticos mediante convocatorias públicas, frente al anterior sistema de adjudicación a instancia del farmacéutico.
El PP considera inconstitucional el artículo 47 de la ley en el que se introduce la figura del concurso público de las transmisiones de las oficinas de farmacia, una regulación que, según Sanz, supone una "clara intervención" en este sector cuando al TC ha dicho en distintas sentencias que las comunidades autónomas "no pueden intervenir ni limitar, sino ordenar" las oficinas.
Después de recordar que la ordenación de las farmacias está "amparada" por normas estatales, el dirigente del PP-A ha acusado al Gobierno andaluz de "persistir en un error de bulto", ya que el TC ha dejado "clara" esta regulación en otros recursos presentados por este partido en Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha.
"La ley andaluza esta condenada al fracaso porque insiste en regulaciones que ya ha declarado inconstitucionales el TC", ha declarado.
Además, los populares recurrirán el artículo 13, que afecta a la formulación magistral, y el artículo 40 referido a la extinción administrativa de las oficinas de farmacia, que extiende la "presunta culpabilidad en caso de falta graves a los cotitulares, lo que provoca una evidente inseguridad jurídica", ha concretado Sanz.
La ley, ha recalcado, está "manchada de inconstitucionalidad, es un fracaso de la Junta porque divide al sector y nace sin el consenso necesario".
José Guillermo García Trenado, diputado andaluz y ponente del PP-A en esta ley, ha atribuido también a las "prisas" electorales del PSOE-A la aprobación de esta norma, y ha afirmado que "se nos ha querido vender una burra que no es cierta".
En su opinión, durante la tramitación de la ley el PSOE-A ha mantenido una actitud de "mucho diálogo, pero sin ninguna voluntad" de consenso, y ha recordado que tanto el Consejo Consultivo como el Consejo Económico y Social de Andalucía "han advertido" al Ejecutivo andaluz sobre su presunta inconstitucionalidad.
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