México.- Una decena de organizaciones campesinas mexicanas convocaron hoy una movilización nacional el próximo 31 de enero para exigir al Gobierno del presidente Felipe Calderón la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Los portavoces de estas organizaciones agrícolas exhortaron también al Congreso, a gobernadores y otras autoridades estatales a sumarse a su petición de que el Gobierno modifique sus políticas hacia el campo, que a su juicio lo han empobrecido.
"Esperamos por lo menos doblar el número de hace cuatro años, cuando hubo más de 100.000 compañeros en una gran movilización campesina", dijo en rueda de prensa José Narro, representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
Además de la manifestación en la capital mexicana, los convocantes pidieron a otros grupos campesinos secunden la protesta en los distintos estados del país y cierren el tráfico en los puentes internacionales entre México y Estados Unidos.
Los representantes de una decena de plataformas campesinas de distinto signo político se quejaron de la falta de diálogo con el Ejecutivo, que considera benéfico el TLCAN y no quiere revisarlo.
"Quienes hoy desde el Gobierno argumentan que ha habido beneficios mienten, no conocen el campo, no conocen los efectos genocidas que el TLCAN ha tenido", dijo Álvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
El pasado 1 de enero quedó plenamente liberalizado el comercio de maíz, fríjol, azúcar y leche entre Estados Unidos, Canadá y México, dentro de lo establecido en el TLCAN.
López lamentó que hayan aumentado en los últimos catorce años la emigración y la marginación en el medio rural, así como las importaciones "sobre todo de granos y de alimentos".
Los portavoces de estas organizaciones agrícolas exhortaron también al Congreso, a gobernadores y otras autoridades estatales a sumarse a su petición de que el Gobierno modifique sus políticas hacia el campo, que a su juicio lo han empobrecido.
Para Víctor Suárez, de la plataforma "Sin maíz no hay país" y dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de productos del campo (ANEC), el presidente Calderón ha optado por "continuar la política de destrucción del campo mexicano y de deportación de millones de campesinos hacia las ciudades y a EE.UU.".
Según Suárez, el Ejecutivo quiere manejar el presupuesto de 204.000 millones de pesos (18.890 millones de dólares) para el campo en 2008 de forma "discrecional, autoritaria, clientelar y corporativa", sin reglas de operación consensuadas, de forma que sólo favorezca a la minoría de empresas exportadoras.
Lamentó la falta de diálogo y concertación que hay desde la secretaría de Agricultura (Sagarpa), y dijo que los apoyos otorgados hasta ahora sólo han beneficiado al 5% de los 3,5 millones de agricultores mexicanos.
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