MADRID.- El juez de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado el recurso de reforma presentado por las familias de los militares fallecidos en el accidente del Yakolev-42 en contra del archivo el pasado noviembre de la causa dictado por este mismo magistrado en lo referente a la errónea identificación de 30 de los 62 cadáveres realizada por los mandos del Ejército tras el siniestro.
El juez de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado el recurso de reforma presentado por las familias de los militares fallecidos en el accidente del Yakolev-42 en contra del archivo el pasado noviembre de la causa dictado por este mismo magistrado en lo referente a la errónea identificación de 30 de los 62 cadáveres realizada por los mandos del Ejército tras el siniestro.
Los tres militares contra los que se dirigía el citado procedimiento eran el general de Sanidad Vicente Navarro, quien se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, los dos oficiales médicos que le apoyaron en la identificación a la hora de redactar los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Sáez, y el encargado de dirigir la comisión militar responsable de las identificaciones, el teniente general José Antonio Beltrán.
El pasado 22 de noviembre el juez decretó el auto de sobreseimiento libre de esta causa, al considerar que a pesar de que la conducta de los acusados fue "grave", no encaja en el delito de falsedad documental del que se les acusaba. En respuesta a esta decisión, los familiares presentaron un recurso de reforma ante el propio juez al que se adhirió también la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
No obstante ahora, el juez insiste en que los hechos imputados "no son constitutivos de ilícito penal alguno" y añade que "la acusación no tiene un derecho indefectible a la celebración del juicio oral, ni el imputado, por ese mismo hecho, el deber de someterse en todo caso a aquél".
CERTIFICADOS Y NECROPSIAS
Asimismo, el magistrado destaca que los documentos a los que hacen referencia los familiares, es decir los certificados de defunción y las necropsias "no estructuran una conducta penalmente relevante". "Sobre las consecuencias del error en la identificación, debemos subrayar, como ya se decía en auto de sobreseimiento libre, que aquellas entrarían dentro de los daños morales originados", añade el escrito.
De este modo, el caso pasará a la Sala de Penal, donde los familiares han presentado un recurso de apelación al igual que hiciera en su día el Ministerio Público, que también se opone al archivo de la causa. Se trata una pieza separada de la causa principal en la que se juzgan las supuestas irregularidades en las que incurrió el Ministerio de Defensa dirigido entonces por el 'popular' Federico Trillo a la hora de contratar el avión siniestrado.
Precisamente la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró el pasado martes una vista para estudiar el recurso presentado por los familiares de las víctimas en contra de la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska, quien también dictó el sobreseimiento de la causa referente a la contratación del aparato. En esa vista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cambio su postura inicial solicitando que se reabra la investigación.
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