Archivan la denuncia de los ecologistas por el uso de clorofacinona para erradicar la plaga de topillos

Valladolid.-  El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha archivado la denuncia planteada por varios grupos ecologistas contra quienes dirigían las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura de Castilla y León el pasado marzo, por el uso de "clorofacinona" para erradicar la plaga de topillos.

"Se decreta el sobreseimiento libre y el archivo" de las diligencias, dice el auto del Juzgado de Instrucción número 2, al que hoy ha tenido acceso EFE.

La denuncia se centraba en la supuesta "utilización y uso de forma masiva e indiscriminada de la sustancia clorofacinona para responder a la explosión demográfica de un pequeño arvicólido, el topillo campesino".

La resolución judicial parte del "dato objetivo" de la invasión que la explosión demográfica de topillos ha supuesto para terrenos de cultivo, fincas, acequias, "los daños causados al agricultor y propietarios de fincas, que pueden presumirse cuantiosos".

También alude a la preocupación social, la alarma originada durante muchos meses, no sólo en los directamente afectados, sino también en la opinión pública que, en general, "ha sido más que notable".

"Hablar en esta situación de medidas precipitadas, indiscriminadas, innecesarias o caprichosas, no parece muy ajustado", explica el auto.

Admite el juez que, desde el punto de vista de la decisión de proponer o autorizar el uso de la sustancia y su distribución masiva, puede discutirse si es una decisión más o menos afortunada, si existían vías alternativas, pero lo que ocupa a la vía criminal es "si esa decisión es susceptible de tipificación criminal, y entendemos que no".

El auto argumenta que una calificación criminal de tales decisiones requiere una "ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa", y no basta con afirmar que existen otros tratamientos alternativos.

Explica además, entre otros aspectos, que el uso de esa sustancia fue autorizada en tratamiento que se inició el 26 de febrero y acabó el 20 de marzo, en que se ordenó la interrupción.

"Difícilmente puede entenderse que los agricultores, que emplean una sustancia autorizada para no dañar la naturaleza sino en defensa de sus cultivos, han podido cometer un delito contra la salud pública o el medio ambiente", resume.

Resuelve que "las actuaciones practicadas acreditan que el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción criminal".

Los denunciantes fueron la Fundación Global Natura, Ecologistas en Acción de Palencia, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Asociación para la Defensa y Estudio del Lobo Ibérico y los denunciados el consejero de Agricultura en marzo de 2007, José Valín, y el de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, en la misma fecha.

La denuncia, además de abarcar a los titulares de dichas consejerías entonces, se extendió a las Juntas agropecuarias que intervinieran o solicitaran intervenir en la logística y distribución de la clorofacinona y a los agricultores propietarios de las fincas que hubieran vertido el veneno, explica el auto.