La renuncia de un general chileno acusado de violación de DDHH abre el debate sobre la "obediencia debida"

Santiago de Chile.-  La renuncia del general Gonzalo Santelices, inculpado en el "caso Caravana de la Muerte", ha abierto un debate sobre la "obediencia debida" de los oficiales chilenos, un 30 por ciento de los cuales está presuntamente implicado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

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(EFE)

La formación profesional militar implica obediencia debida, que comprende la obligación de oponerse a una orden inmoral.

El pasado lunes, el general de división Santelices, que estaba al frente de la Guarnición Militar de Santiago, presentó su renuncia tras ser inculpado en 14 crímenes de la "Caravana de la Muerte", una comitiva que tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 ejecutó sin juicio a 70 presos políticos.

Santelices dijo que renunciaba porque no quería implicar a las Fuerzas Armadas en una causa judicial, pero puntualizó que en aquel tiempo "era impensable no cumplir una orden de un superior" sin arriesgarse a ser fusilado.

Al respecto, el director en Chile de Amnistía Internacional (AI), Sergio Laurenti, dijo a Efe que "la obediencia debida es inadmisible como defensa".

"Asumamos que es cierto lo que dice el general Santelices respecto a que él no cumplió una orden ilegal, pero ¿qué hizo que él y tantos otros oficiales se quedaran callados después?", cuestionó Laurenti.

Amnistía Internacional considera muy grave que Santelices ocupara la jefatura de la principal unidad de batalla del Ejército.

"Si hubiera hablado, probablemente no habría llegado a general, pero habría tenido la conciencia más limpia", manifestó Laurenti.

En una declaración judicial en 2002 Santelices reconoció haber participado en la comitiva que trasladó a los presos, pero el ex juez Juan Guzmán, a cargo del caso en esa época, desechó procesarle al considerar que era sólo "un subteniente" recién salido de la Escuela Militar.

"Si no hubiera cumplido esa orden lo más probable es que lo hubieran asesinado", afirmó el primer juez chileno que procesó a Augusto Pinochet.

La aparición de militares activos mencionados en violaciones de los derechos humanos ha generado diversas reacciones en el gobierno y criticas por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, manifestó que no comparte la tesis de la obediencia debida, pero puntualizó que los hoy oficiales eran jóvenes en la época del golpe militar y debían cumplir las órdenes, porque de lo contrario, sus vidas corrían peligro.

En tanto, el ministro de Defensa, José Goñi, aseguró que cuando promovió el ascenso de Santelices, el Gobierno no sabía de su participación en la "Caravana de la Muerte".

"Es una información que debería haber estado, pues de haberse conocido, no habría sido ascendido a general", agregó.

Sin embargo, el ex juez Guzmán afirmó que era imposible que el Ejecutivo no lo supiera, porque el Consejo de Defensa del Estado era parte en la investigación de los crímenes de la "Caravana de la Muerte".

La formación profesional militar implica obediencia debida, que comprende la obligación de oponerse a una orden inmoral.

Actualmente en Chile se encuentra en trámite legislativo un proyecto de ley que declara imprescriptible e inamnistiables los delitos de lesa humanidad y además propone que la obediencia debida no exima de responsabilidad penal alguna a los militares vinculados en violaciones a los derechos humanos.

Un 30 por ciento de los oficiales chilenos en servicio activo de las Fuerzas Armadas participó de los operativos represivos de la dictadura militar, según la prensa local.

Entre lo casos recientes figuran los generales Guillermo Castro, Eduardo Aldunate, Julio Baeza y Cristián Le Dantec, mencionados en violaciones a los derechos humanos, quienes esta semana fueron interrogados por el juez Héctor Solís para investigar el secuestro y asesinato de 22 campesinos en la localidad de Paine en 1973.

El abogado y activista de los derechos humanos Héctor Salazar calificó de "inaceptable" el argumento de la obediencia debida y recordó que "muchos de los oficiales de la época se negaron a cumplir ese tipo de órdenes", opinión con la que coincidió Eduardo Contreras, abogado querellante en el caso "Caravana de la Muerte", quien señaló que el general Santelices "sabía que estaban sacando a la gente para fusilarla".

Por su parte, el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Contreras, llamó la atención sobre el escaso margen que en 1973 tenían los soldados para desobedecer una orden de un superior.

"Hay que recordar también con mucha tristeza que muchas personas detenidas desaparecidas fueron entregadas por ex compañeros de partido; ¿qué libertad tenían esas personas?", agregó el representante de la Conferencia Episcopal.