Nueva cúpula del Ejército, más lejos de Pinochet pero aún mantiene su huella

Santiago de Chile.-  El Ejército de Chile oficializó hoy un nuevo alto mando de generales, en el que se incorporan siete coroneles y pasan a retiro cinco de sus miembros, tres de los cuales aparecen de distinta forma vinculados a procesos en los que se indagan violaciones a los derechos humanos.

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(EFE)

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, aprobó la propuesta del nuevo cuerpo de generales que le formuló el comandante en jefe, general Oscar Izurieta.

Este cambio se produce después de 35 años del golpe militar de 1973 y luego de 20 años que terminara la dictadura de Augusto Pinochet.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, aprobó la propuesta del nuevo cuerpo de generales que le formuló el comandante en jefe, general Oscar Izurieta.

Por lo que a las huellas de la represión se refiere, la integración del generalato para 2009 reduce considerablemente probables nuevos conflictos con el Gobierno y la Justicia por las casi 400 causas que aún se instruyen por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la opresión militar.

Hasta ahora, que se conozca, ninguno de los siete coroneles ascendidos al grado de general aparece conectado con delitos de la represión.

Ellos son los oficiales Bosco Pesse Quappe, Juan Echaurren Guarda, Jozo Santic Palomino, Jorge Salas Kurte, Carlos Mezzano Escanilla, Juan Biskupovic Moya y Eleuterio Ramírez Beiza.

Los generales que abandonan las filas son Tulio Hermosilla Arriagada, Ricardo Ortega Prado, Julio Baeza von Bohlen, Eduardo Aldunate Hermann y Luis Lobos Santos.

Ortega es el actual jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), cargo que ocupa desde hace cinco años y lleva quince en tareas de inteligencia militar.

Además, aparece vinculado en los procesos por el asesinato en 1992 del ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) e integrante de la Dirección de Logística del Ejército, coronel Gerardo Huber, quien decidió entonces colaborar con la justicia en la investigación en Chile por el escándalo del tráfico de armas del Ejército a Croacia.

También está presuntamente relacionado con la muerte y desaparición en 1987 de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), opositor al régimen de Pinochet, el último crimen del gobierno militar.

En el caso de los generales Baeza y Aldunate, ambos figuran en la indagatoria judicial por el asesinato en octubre de 1973 de 22 campesinos en la localidad rural de Paine, al sur de Santiago.

Aldunate ocupó hasta 2005 el cargo de segundo comandante de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Haití. También aparece vinculado a la Brigada Mulchén de la DINA y luego integró el contingente de la sucesora Central Nacional de Informaciones (CNI).

El Ejército, con la venia del Gobierno, ha apostado por mantener en el cuerpo de generales e incluso entregarle la comandancia del Estado Mayor General de la institución al general Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.

Poblete está siendo investigado por el juez Víctor Montiglio por su presunta presencia en un lugar del desierto de Atacama, en la ciudad norteña de Calama, cuando el 19 de octubre de 1973 la Caravana de la Muerte asesinó a 26 prisioneros políticos.

También continúan en el servicio activo los generales Guillermo Castro Muñoz y Cristián Le Dantec Gallardo, quienes hacen parte del núcleo de oficiales que el juez Héctor Solís investiga para identificar a dos jóvenes que en 1973 con el grado de subtenientes tomaron parte en la masacre de los 22 campesinos de Paine.

Castro fue agente de la CNI entre los años 1979 y 1982.

En febrero de este año, el jefe de la guarnición militar de Santiago, el general Gonzalo Santelices, fue obligado a dejar las filas después de que el diario chileno La Nación publicó su testimonio judicial en el que admitió su colaboración en la ejecución extrajudicial de 14 prisioneros en octubre de 1973 a manos de la Caravana de la Muerte en la ciudad de Antofagasta.

Si bien el nuevo cuerpo de generales emerge cada vez más desvinculado de los crímenes de la represión, aún se mantienen en las filas oficiales que están bajo la lupa de la justicia, respecto de los cuales los jueces deben emitir veredictos en próximos meses.

Otros con el grado de coronel que aún aspiran a integrar el generalato, sirvieron en la Central Nacional de Información (CNI).