Aprobadas medidas excepcionales para gestionar los recursos y corregir la sequía

Madrid.-  El Consejo de Ministros ha aprobado hoy medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en la Cuenca Hidrográfica del Ebro (CHE).

ampliar foto

(EFE)

El rio Ebro hoy a su paso por Tortosa, con un caudal más bajo de lo habitual.

Según la referencia del Consejo, la situación es complicada en las zonas reguladas de La Rioja, Aragón, Navarra y Cataluña, y de normalidad en las cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares y en el eje del Ebro.

El Gobierno aprovecha para pedir a la población que siga manteniendo sus hábitos de ahorro, concienciación y sensibilidad frente a la delicada situación de las zonas en las que persisten las condiciones de sequía.

El real decreto aprobado permite adoptar restricciones en la utilización del dominio público hidráulico para la explotación racional de los recursos hídricos y garantizar el máximo posible de las demandas de abastecimiento de las poblaciones, las ambientales y las de los distintos usos en función de la disponibilidad de agua en cada momento.

Autoriza a la Junta de Gobierno de la CHE para modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, y, en particular, reducir las dotaciones en el suministro de agua que sean necesarias para racionalizar la distribución de los recursos hídricos.

Se podrá exigir a los usuarios la instalación inmediata de dispositivos de modulación, regulación y medición en las conducciones, así como adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades para compatibilizarlos con otros usos.

El presidente de la CHE podrá ordenar la clausura temporal de las instalaciones de tomas de agua o vertido o autorizar la puesta en marcha de cualquier sondeo, que pueden ser clausurados cuando desaparezcan las condiciones de escasez y, en ningún caso, generarán nuevos derechos concesionales.

Se concreta un régimen sancionador para las infracciones de las medidas excepcionales incluidas en el real decreto de acuerdo con la gravedad de las mismas.