San Sebastián.- El secretario general de LAB, Rafa Díez, ha expresado hoy la voluntad de su sindicato de continuar como acusación popular en el fraude de la Hacienda de Irun a pesar de que la Audiencia de Guipúzcoa haya decidido elevar a 60.000 euros la fianza exigida a esta central para personarse en el caso.
Díez, acompañado por los representantes de LAB Joxean Urkiola y Amaia Almiral, ha dado a conocer en una rueda de prensa en San Sebastián un auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Guipúzcoa, fechado el 4 de febrero, a través del cual se eleva a 60.000 euros la fianza de 3.500 euros impuesta a este sindicato, que había sido fijada inicialmente en 2.000 euros.
El auto estima en parte los recursos interpuestos por José María Bravo -principal acusado en esta causa- y su mujer Rosa Cobos, también imputada en el caso, contra un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Irun, en el que se establecía dicha fianza en 3.500 euros.
Los jueces indican que las alegaciones de los recurrentes "merecen acogida en parte", ya que la personación como acusación popular de LAB añadirá "una mayor complicación" a la instrucción de un procedimiento cuya "larga duración es fácilmente presumible".
Además, entienden que admitir una personación con "una fianza de escasa cuantía" podría dar lugar a que otras personas o entidades decidieran hacer lo mismo, con lo que se añadiría un "evidente" perjuicio para los imputados.
La resolución judicial señala que esto "debe evitarse" y obliga, por tanto a "fijar una fianza que, sin resultar inasumible, suponga algún esfuerzo para el sindicato".
Alude asimismo a la "capacidad económica" de LAB, que permite la "exigencia de una fianza muy superior a la impuesta", ya que "se invoca como bien a proteger el derecho de un gran número de trabajadores", que dicen tener "interés en el esclarecimiento de los hechos, y que en contrapartida pueden colaborar en el cumplimiento de la obligación exigida".
Por estos motivos, la Audiencia de Guipúzcoa eleva a 60.000 euros la fianza exigida a LAB, que tanto Rosa Cobos como José María Bravo habían pedido incrementar, éste último hasta los 300.000 euros.
Rafa Díez ha asegurado que LAB "tiene voluntad de seguir realizando su papel como acusación popular", al tiempo que ha indicado que en el momento en el que reciban el requerimiento correspondiente dispondrán de unos días para "tomar una decisión" y "clarificar" ciertas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con posibles avales.
Tras expresar su "sorpresa" ante la cuantía de esta fianza, Rafa Díez ha insistido en la "enorme dimensión" de este fraude fiscal, que se calcula que asciende ya a "8,3 millones" de euros, aunque se prevé -ha dicho- que esta cantidad aumente con los nuevos expedientes investigados.
Díez ha reiterado que en este caso tiene que haber además "responsabilidades políticas", dado que se trata de un "robo planificado desde la propia administración pública".
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