Washington.- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó hoy un proyecto de escuchas telefónicas contra el terrorismo que afronta una amenaza de veto del presidente George W. Bush porque permite demandas contra las empresas de telecomunicaciones.
"Ya es hora de rechazar la táctica del miedo de la administración Bush y poner en vigencia esta ley que ha sido cuidadosamente elaborada", señaló el demócrata Jerrold Nadler.
La iniciativa promovida por legisladores demócratas fue aprobada por 213 votos a favor y 197 en contra, pero no logró los dos tercios necesarios para desautorizar el rechazo presidencial.
Bush ha dicho que cualquier empresa de telecomunicaciones que haya participado en el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial iniciado en secreto tras los atentados del 11-S debe contar con inmunidad retroactiva.
Los legisladores republicanos han acusado a los demócratas de socavar la seguridad nacional con su proyecto, y éstos han respondido que el Gobierno de Bush se ha empeñado en atizar el miedo en un año de elecciones.
"Ya es hora de rechazar la táctica del miedo de la administración Bush y poner en vigencia esta ley que ha sido cuidadosamente elaborada", señaló el demócrata Jerrold Nadler.
Según Tony Fratto, portavoz de la Casa Blanca, el proyecto facilitaría las demandas judiciales contra empresas cuyo único denunciado delito fue ayudar en los esfuerzos por proteger al país tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
En una declaración leída en los jardines de la Casa Blanca Bush aseguró que la iniciativa que sustituirá a la "Ley para Proteger a Estados Unidos" (PAA) aprobada en agosto de 2007 y que expiró el pasado 15 de febrero "socavará la seguridad del país" si no incluye la inmunidad para las empresas de telecomunicaciones.
"Los líderes (demócratas) de la Cámara de Representantes saben que el Senado no la aprobará. Y si el Senado lo hiciera, saben que yo la vetaré".
En opinión de Bush, "las compañías que nos ayudaron a salvar vidas deberían contar con nuestro agradecimiento por su servicios patrióticos".
Añadió que al estar bajo la amenaza de demandas multimillonarias esas empresas no estarían dispuestas a colaborar con las medidas antiterroristas del Gobierno.
El presidente también advirtió de que la iniciativa demócrata "puede reabrir peligrosas brechas de inteligencia, al obligar a acudir al engorroso proceso de pedir autorizaciones judiciales (para realizar escuchas), lo que hará mas difícil investigar a los terroristas extranjeros".
Tras expirar la vigencia de la ley el 16 de febrero, el Senado aprobó una prórroga, pero la Cámara se negó a hacerlo porque muchos legisladores se oponen a conceder la inmunidad retroactiva a las empresas de telecomunicaciones.
Alrededor de 40 empresas de telecomunicaciones, incluyendo AT&Tm Verizon Communications y Sprint Nextel han sido acusadas judicialmente de violar la privacidad de los ciudadanos al permitir la interceptación de llamadas telefónicas y mensajes electrónicos.
Aun cuando el proyecto aprobado por la Cámara no otorgaría una inmunidad automática, sí permitiría que las empresas defiendan su caso en juicios a puerta cerrada.
Por otra parte, aunque ampliaría las facultades de espionaje interno del Gobierno, la ley también aumentaría la supervisión legislativa y judicial sobre sus operaciones.
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