La Paz.- La Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL) de Bolivia confirmó hoy el envío de cartas a más de mil medios de comunicación donde advierte de sanciones y cierre temporal en caso de "informaciones que aún siendo auténticas puedan dañar o alarmar a la población".
La Superintendencia de Telecomunicaciones de Bolivia recordó a los medios sus obligaciones legales y advirtió de la posibilidad de una "inhabilitación temporal" de hasta 125 días en el caso de incurrir en incumplimiento.
En la misiva, la SITTEL recordó a los medios sus obligaciones legales y advirtió de la posibilidad de una "inhabilitación temporal" de hasta 125 días en el caso de incurrir en incumplimiento.
Entre las prohibiciones, además de las informaciones dañinas y alarmistas, están la emisión de contenidos "sin autorización expresa del propietario", programas "no aptos para menores en horarios de audiencia de todo público" y "publicidad subliminal".
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Juan Javier Zeballos, denunció en declaraciones a Efe un "olor a censura" en la misiva que "aparenta ser una acción destinada a coartar la libertad de expresión".
Además, el representante de los periodistas bolivianos cree que la SITTEL no es competente para regular el contenido de los medios y con esta carta se está "extralimitando".
El presidente del Senado, el opositor Óscar Ortiz, también criticó hoy la misiva señalando que se trata de un "intento por comenzar a dirigir, controlar y censurar la información que dan los medios de comunicación a la población".
"Todo atentado contra la libertad de prensa es un atentado contra la democracia", agregó Ortiz.
También anunció "acciones y fiscalización necesarias porque no se puede permitir que haya este tipo de atentados a un derecho fundamental".
Por su parte, en una conferencia de prensa celebrada hoy en La Paz, el superintendente de Telecomunicaciones, Jorge Nava, quiso desmentir cualquier atentado a la libertad de expresión y señaló que no hay "nada más desacertado" que hacer interpretaciones en ese sentido.
Según Nava, la carta es una "transcripción" de una norma de 1995 enviada como "recordatorio" basado en su mandato de "cumplir y hacer cumplir la ley".
"De ninguna manera se está tratando de controlar los contenidos", enfatizó Nava en diversas ocasiones.
El superintendente puso como ejemplo de dañinas o alarmistas noticias sobre sucesos y violencia emitidas en los informativos de mediodía.
Aunque reconoció que el Ejecutivo de Evo Morales, "como cualquier otro actor", podría activar el proceso sancionador por medio de una denuncia, quiso dejar claro que en su opinión "no es una puerta abierta del Gobierno para cerrar un medio de comunicación, de ninguna manera".
Esta polémica se suma a las denuncias que ha formulado la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia contra el proyecto constitucional que impulsa Evo Morales, al entender que "amputa" la libertad de expresión al exigir "veracidad y responsabilidad" en las informaciones.
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