La acusación por corrupción a gobernador agrava la crisis en sociedad boricua

San Juan.-  La acusación de corrupción anunciada hoy por la fiscalía de EE.UU. contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, deja a la isla en una convulsión política en pleno año electoral y con la economía en un período de profunda crisis.

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No en vano las reacciones inmediatas hoy de los políticos puertorriqueños coincidieron en señalar que la actual situación es "una tragedia" para la isla por las implicaciones que tienen las graves acusaciones contra el gobernador.

Y no es solo el prestigio personal de Acevedo Vilá lo que está en juego también la gobernación de Puerto Rico, las instituciones y el propio sistema político cuando la crisis económica y social es palpable en las calles de la isla.

Las autoridades reconocen que la isla caribeña entró en una "recesión criolla" hace dos años causada, en parte, por los desacuerdos entre el Ejecutivo, del Partido Popular Democrático (PPD), y el Senado y la Cámara de Representantes, donde el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene mayorías.

Medidas de urgencia y precipitadas adoptadas por el Gobierno, en permanente disputa con el Legislativo, para tratar de hacer frente a los problemas presupuestarios han tenido como consecuencia el encarecimiento de artículos y servicios y, por ende, el empobrecimiento de la población.

Entre estas medidas que el propio Acevedo Vilá ha reconocido que fueron un error se encuentra la imposición, bajo presión de las agencias clasificadoras del crédito de Puerto Rico, de un Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVE) que graba con un siete por ciento el precio de la mayoría de bienes y servicios.

Por otra parte, la delincuencia común, relacionada principalmente con el tráfico de drogas, se cobra una media de dos asesinatos al día en Puerto Rico, donde sonados casos de abusos policiales, violencia doméstica y maltrato de animales han consternado a la población.

Entre otras personalidades que pidieron hoy la renuncia del gobernador se encuentra el contralor de Puerto Rico, Manuel Díaz Saldaña, quien indicó que Acevedo Vilá estará a partir de ahora "concentrado en su defensa" legal y que no podrá atender "cabalmente" las necesidades locales.

La fiscalía informó hoy que un gran jurado federal que investigaba desde hace casi tres años supuestas donaciones ilegales a campañas políticas de Acevedo Vilá emitió finalmente 27 acusaciones contra el gobernador y contra otras doce personas por fraudes a la ley electoral.

De los trece acusados, nueve fueron arrestados hoy y seis de ellos salieron en libertad a espera de juicio con fianzas de 100.000 y 50.000 dólares. Todos ellos podrían enfrentarse a penas de tres a 20 años de prisión por cada uno de los cargos.

Acevedo Vilá, que acudirá mañana al Tribunal Federal de San Juan, reiteró hoy su inocencia e insistió en que la investigación en su contra se llevó a cabo con motivaciones políticas para perjudicar su carrera, entre otras cosas, por haber criticado duramente a las autoridades de EE.UU. en varias ocasiones por supuestas injerencias.

Políticos de diferentes ideologías, analistas y otras personalidades señalaron que las acusaciones son "una tragedia" sin precedentes para la isla y algunos sostienen que tendrá también serias consecuencias en la economía.

Sin embargo, el secretario de Desarrollo Económico, Bartolomé Gamundi, aseguró hoy que no se afectará la inversión extranjera.

El secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, indicó que se había comunicado con las agencias que califican el crédito de Puerto Rico y que le habían asegurado que los bonos de inversión tampoco se verán afectados.

Entretanto, y cuando faltan ocho meses para que se celebren las próximas elecciones generales, el PPD rechaza todavía la posibilidad de buscar a otro candidato para gobernador.

Los presidentes de la Cámara de Representantes, José Aponte, y el Senado, Kenneth McClintock, apuntaron hoy a la posibilidad de que se tenga que iniciar el proceso, reconocido en la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), para "residenciar" (retirar del cargo) al gobernador.

Estas acusaciones pueden traer como consecuencia que "tengamos que asumir un rol constitucional que ningún senador puertorriqueño ha tenido en toda la historia constitucional de Puerto Rico, por lo que tenemos todos que ser recatados en las expresiones sobre lo que hoy ha acontecido", indicó McClintock en un comunicado.