Activistas que 'barren' en los tribunales

MADRID.-  El reciente fallo judicial contra la estación de esquí de San Glorio ha dado una nueva victoria a la organización ARCA en los tribunales. Otra más. No existe otra asociación ecologista con más sentencias favorables como este pequeño grupo cántabro de 700 socios.

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Viñeta humorística de la web de ARCA.

Para darse cuenta de la contundencia de su lucha ante las ilegalidades que afectan al medio ambiente basta repasar las resoluciones judiciales de demolición en su haber: 144 viviendas en playa de la Arena, 91 chalets en la Llana I, 22 chalets en Las Llamas II, 20 apartamentos en playa de Cuchía, un polideportivo municipal en San Vicente de la Barquera, una depuradora en Suances...

En total, esta organización cántabra creada en 1986 ha sacado ya de los tribunales sentencias en firme de demolición para casi 500 viviendas construidas de forma ilegal en Cantabria. Pero, además, hay otro medio millar de casas con una resolución de demolición que está pendiente de un fallo definitivo.

"¿Nuestro secreto? Las administraciones nos lo ponen facilísimo, pues están amparando negocios privados por encima del interés general", comenta Gonzalo Canales, presidente de ARCA, que desvela cómo sólo cuentan con un único abogado para las decenas de pleitos que tienen ahora mismo abiertos. "Puede asombrar, pero es que nosotros no tenemos la posibilidad de trabajar con todo un bufete".

Un sólo abogado (del que la asociación no da datos para evitar las presiones) no parece suficiente para explicar la enorme eficacia de esta organización dentro de la complicada maquinaria de la justicia. En realidad, la respuesta está en la propia forma de actuar de la asociación cántabra: "Nosotros orientamos todo desde el principio pensando siempre que vamos a llegar a los tribunales", comenta Canales, que hace tiempo que dejó de creer en otro tipo de vías distintas a la judicial. "En lo que son las alegaciones, las administraciones no nos hacen ni caso".

El último triunfo ha sido muy sonado. Nada menos que contra la estación de esquí de San Glorio, proyectada dentro de un espacio protegido de la Cordillera Cantábrica al amparo del Gobierno de Castilla y León. Y uno de los mayores frentes de lucha del conservacionismo español en los últimos años. En concreto, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaraba nulo el Decreto por el que la administración autonómica había modificado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina para anular la prohibición expresa de construir pistas de esquí.

"Estaba cantado que íbamos a ganar"

Este ha sido uno de los fallos judiciales que más satisfacción ha dado a los integrantes de ARCA, que hace dos años tuvieron que modificar sus estatutos para poder actuar en otra comunidad autónoma distinta a Cantabria. "Estaba cantado que íbamos a ganar", detalla Canales, que explica que el tribunal basa la sentencia en tres puntos: la importancia de la afección al espacio protegido, el que no estuviera justificada la modificación del PORN y la incorrecta tramitación de la modificación del PORN.

Como incide el presidente de ARCA, otras sentencias con un significado especial fueron la del Alto del Cuco, en Piélagos, o la de la depuradora de Vuelta Ostrera, en Suances. "La del Alto del Cuco era contra uno de los principales promotores del país, Fadesa, y la otra vino a inaugurarla la propia ministra de Medio Ambiente, pero a los dos meses teníamos sentencia de demolición".

Como es lógico, estas sentencias también han proporcionado a la organización muchos enemigos. Sin embargo, Canales lo tiene muy claro: "Nosotros no imponemos nada a nadie, sólo vamos a los tribunales a verificar que se cumpla la Ley".

Creada en 1986, la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) nació en principio para defender al oso pardo o al urogallo, pero sus integrantes pronto se dieron cuenta de que lo más urgente era detener la destrucción del territorio. Aparte de pasarse el día en los tribunales, su caballo de batalla ahora es que se cumplan las sentencias conseguidas. Como cuenta Canales, todavía no se ha demolido ni una sola del medio millar de viviendas con sentencia en firme.