El juez en el caso de corrupción del gobernador ordena designar el enlace de la defensa

San Juan.-  La defensa y la fiscalía en el caso por corrupción contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, y otras 12 personas, acudieron hoy a una primera vista anterior al juicio en la que el juez que presidirá el proceso ordenó que se designe a un abogado que sirva de enlace entre las parte.

ampliar foto

(EFE)

El gobernador puertorriqueño, Aníbal Acevedo Vilá (archivo), se declaró no culpable el pasado 28 de marzo de los 19 cargos de corrupción que se le imputan.

El juez Paul Barbadoro, del distrito de New Hampshire y que fue designado para el caso después de que los jueces federales en la isla solicitaran ser excluidos, encargó a Thomas Green, abogado del gobernador, que seleccione a un letrado de la defensa para agilizar los procesos previos al comienzo del juicio.

El juez pidió también a la defensa y fiscalía que presenten el oportuno cuestionario que será aplicado durante la selección del jurado.

Según las declaraciones a periodistas que realizaron algunos abogados defensores al salir de la vista, el juez habría sostenido que junio es una fecha "razonable" para comenzar el juicio, pero que había considerado como meses alternativos enero o febrero de 2009, para no interferir en las elecciones del próximo noviembre.

A la vista de estatus celebrada hoy no tenían que acudir los acusados.

Acevedo Vilá se declaró el pasado 28 de marzo ante el Tribunal Federal no culpable de los 19 cargos de corrupción que se le imputan por supuestos fraudes a la ley electoral federal mientras que en total a los 13 acusados se les imputan 27 cargos.

El gobernador fue fichado ese día en el tribunal y salió en libertad sin que se le impusiera fianza y sin que le retuviera el pasaporte, pero con la obligación de llamar telefónicamente a las autoridades federales una vez al mes.

Las acusaciones contra el gobernador se refieren a violaciones a la Ley Federal de Campañas Electorales, a informes falsos remitidos a la Comisión Federal de Elecciones, a transferencias electrónicas fraudulentas de fondos públicos y a conseguir dinero mediante fraudes a programas electorales, entre otras.

Desde que fue acusado formalmente, el gobernador reitera su inocencia e insiste en que la investigación de las autoridades federales contra él tiene motivaciones políticas para perjudicar su carrera.

Defiende que no renunciará a su cargo y pidió "tiempo y espacio" a los miembros del Partido Popular Democrático (PPD), que preside, para decidir si continúa como candidato a la gobernación para las próximas elecciones que se celebrarán el 4 de noviembre.

El PPD lleva a cabo una campaña de recaudación de fondos denominada Fondo Especial Pro Justicia y Dignidad para la defensa de Acevedo Vilá y los otros acusados que tiene el objetivo de conseguir 2 millones de dólares.

Las penas por cada uno de los cargos que se imputan si se demuestra la culpabilidad oscilan entre 3 y 20 años de prisión.

El gobernador, además, asegura que las acusaciones en su contra emitidas por la fiscalía de EEUU en Puerto Rico son un "intento de socavar" las instituciones democráticas y de "destruir la identidad" de los puertorriqueños.

Si el juicio comienza antes de que se celebren las elecciones, será el primero en la historia de la isla en el que comparecerá un gobernador electo y en funciones para responder por cargos criminales.

El principal opositor del PPD en las elecciones, el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), que perdió la gobernación en los últimos comicios por un margen de poco más de 3.000 votos -aunque consiguió mayorías en Cámara de Representantes y Senado-, ha pedido en bloque la renuncia del gobernador.