Buenos Aires.- Organizaciones de derechos humanos de Argentina expresaron hoy a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, su interés en que los tres militares retirados chilenos condenados por el homicidio de un matrimonio argentino-mexicano en 1973 cumplan con las penas impuestas por la Justicia de ese país.
El argentino Ernesto Lejderman (c) junto a sus padres Bernardo Lejderman y Maria Rosario Avalos, meses antes de la pareja fuera asesinada por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en diciembre de 1973.
En una carta que enviaron a la gobernante, también le solicitaron que el Fisco de Chile "llegue a un acuerdo" con Ernesto Lejderman Ávalos, hijo del matrimonio desaparecido durante la última dictadura chilena (1973-1990).
En diciembre último la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a diez años y un día de prisión a tres militares retirados por el homicidio del argentino Bernardo Lejderman y su esposa mexicana, María del Rosario Ávalos Castañeda.
La resolución revocó el fallo de un juez de primera instancia que en mayo de 2006 sobreseyó la causa contra el brigadier retirado Fernando Polanco Gallardo y los ex suboficiales Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola.
Adicionalmente, el tribunal condenó al Fisco chileno a pagar 300 millones de pesos (unos 408.000 dólares) por daño moral al hijo del matrimonio, que quedó huérfano a los dos años y medio de edad a raíz de homicidio de sus padres.
En la carta que escribieron a Bachelet, los grupos humanitarios argentinos expresaron su "reconocimiento al avance significativo que están teniendo algunas investigaciones judiciales por los ciudadanos argentinos detenidos desaparecidos y/o ejecutados políticos en territorio chileno durante la dictadura pinochetista".
"También queremos resaltar la importancia que ha tenido el fallo emitido por la Corte chilena el pasado 19 de diciembre, sentenciando a los autores materiales del crimen del matrimonio y responsabilizando al Estado chileno por este horrible crimen", agregaron.
En ese orden, transmitieron a la presidenta de Chile su "interés en que los responsables de estos aberrantes crímenes de lesa humanidad cumplan con las condenas conforme al fallo emitido".
"Respecto a la responsabilidad que tiene el Estado chileno -indicaron-, le solicitamos que el Fisco llegue a un acuerdo con el hijo del matrimonio con el fin de cerrar esta tan dura etapa que ha vivido".
También sostuvieron que desde que Ernesto Lejderman Ávalos "logró presentarse a solicitar justicia, es firme y digno colaborador" de los organismos defensores de los derechos humanos en Argentina.
La carta lleva la firma, entre otras agrupaciones, de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, de las Abuelas de Plaza de Mayo y de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Argentinos en Chile, del que Lejderman Ávalos es portavoz.
Al matrimonio lo mataron el 8 de diciembre de 1973, cuando aparentemente intentaban huir a Argentina por un paso de la cordillera de los Andes tras el golpe militar que encabezó Augusto Pinochet en septiembre de ese año.
El caso se abrió en Chile por una querella que interpuso en el año 2000 el hijo de la pareja contra Pinochet y otros miembros del Ejército, por delitos de "homicidio, asociación ilícita genocida e inhumación ilegal".
Los padres de Ernesto Lejderman, que residían en Chile desde 1971 y simpatizaban con el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), abandonaron el país por la feroz persecución que desató la dictadura de Pinochet contra los extranjeros, en especial argentinos, uruguayos y brasileños.
Según el Informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el matrimonio fue ejecutado el 8 de diciembre por una patrulla militar.
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