La UCE dice que casi 2 millones de pensionistas no se beneficiarán del abono social de Telefónica

Castellón.-  La Unión de Consumidores de Castellón ha denunciado ante diferentes organismos gubernamentales que casi dos millones de pensionistas dejarán de percibir las ayudas para el uso del teléfono que figuran en el abono social de Telefónica como consecuencia de la subida de las pensiones mínimas de jubilación.

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(EFE)

La UCE de Castellón ha dirigido sendos escritos de reclamación a la empresa Telefónica; a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; a la vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, así como al Defensor del Pueblo, quien tras la modificación de 2002 ya intentó, sin éxito, que el Ministerio de Presidencia retirase la medida.

Según ha explicado hoy en rueda de prensa el presidente de la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa, el abono social de Telefónica recoge una bonificación del 95% en la cuota mensual de línea y un 30% en la cuota de alta para todos los pensionistas cuyos ingresos no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de 516,90 euros mensuales.

En 2008, las pensiones mínimas, al contrario que el IPREM, se han incremento por encima del IPC, lo que ha provocado que todos los pensionistas, a excepción de quienes perciben una pensión no contributiva (328,44 euros) o una pensión SOVI, revalorizable, (356,20 euros) hayan quedado fuera de esas ayudas.

Según el asesor jurídico de la Unión de Consumidores de Castellón, Enric Pallarés, el 16 de enero de 2002 se modificó la cuantía de referencia para la concesión de estas ayudas, que pasó a ser el IPREM, mientras que hasta entonces -por una orden de 1998- estaba establecida en la pensión mínima de jubilación sin cónyuge a cargo.

Por ello, la UCE de Castellón reclama que se vuelva a la referencia anterior a la de 2002, situada actualmente en los 528,55 euros, cantidad superior al IPREM que facilitaría a unos 1.999.000 personas de toda España y a 38.200 de Castellón continuar beneficiándose de ese abono.

La UCE de Castellón ha dirigido sendos escritos de reclamación a la empresa Telefónica; a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; a la vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, así como al Defensor del Pueblo, quien tras la modificación de 2002 ya intentó, sin éxito, que el Ministerio de Presidencia retirase la medida.

Hasta ahora, la modificación de 2002 no había repercutido masivamente a los consumidores porque el incremento de las pensiones no había superado la cuantía establecida por el IPREM, según Pallarés.

Por ello, ha asegurado que cree que "se va a modificar, y que el Defensor del Pueblo va a intervenir de forma más que contundente, porque esto es un error ya que se pierde la finalidad del abono social".

Este abono tenía hasta ahora 2.500.000 usuarios potenciales, con derecho a pagar 0,77 euros de cuota mensual de línea en lugar de 16,20 euros, y 14,99 euros en lugar de 69,02 por cuota de alta.

El descuento se estableció en atención a la universalidad del servicio telefónico regulada en la Ley General de Telecomunicaciones.

Telefónica hace obligatoriamente una revisión de las cuotas cada dos años, por lo que durante 2008 y 2009 los usuarios actuales dejarán de percibir el abono social y ya no se incorporarán al servicio usuarios con pensiones superiores a los 516,90 euros mensuales.

La UCE conoció esta situación a partir de la reclamación de una mujer viuda a la que Telefónica denegó el abono que disfrutaba hasta entonces después de que su pensión ascendiera a los 528,55 euros fijados por Ley, un aumento que "le va a hacer perder dinero si tiene que pagar 15,43 euros mensuales frente a los 0,77 que pagaba antes", según Pallarés.

Insa ha alertado de que muchos de los beneficiarios cuentan con un servicio de teleasistencia y necesitan el servicio telefónico para comunicarse con sus familiares.