Guatemala.- El juez guatemalteco Eduardo Cojulum concluyó hoy la toma de declaraciones de 29 testigos y sobrevivientes del genocidio ocurrido en este país en los 80's, a solicitud de la Audiencia Nacional Española (ANE).
Las últimas dos personas que acudieron al llamado del juez guatemalteco Eduardo Cojulum fueron dos sobrevivientes de la matanza ocurrida en julio de 1982 en la aldea Plan de Sánchez, una comunidad indígena ubicada en la población de Rabinal, a unos 180 kilómetros al noroeste de la capital.
Durante el último mes Cojulum, titular del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, recopiló los testimonios dentro del proceso seguido por la ANE en contra de siete ex altos cargos guatemaltecos que son acusados de los delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
En febrero pasado, 17 testigos guatemaltecos viajaron a Madrid para rendir sus testimonios ante el juez Santiago Pedraz, y según la Fundación Rigoberta Menchú, otras seis personas viajarán a la capital española el próximo 23 de mayo con el mismo objetivo.
Cojulum explicó a periodistas que las actas certificadas con las declaraciones serán trasladadas en los próximos días por la vía diplomática al juez español Pedraz, para adherirlas al proceso judicial que se sigue en Madrid.
Las últimas dos personas que acudieron al llamado del juez guatemalteco fueron Faustina Cojom y Viviana Morales, sobrevivientes de la matanza ocurrida en julio de 1982 en la aldea Plan de Sánchez, una comunidad indígena ubicada en la población de Rabinal, a unos 180 kilómetros al noroeste de la capital.
Ambas mujeres relataron a Cojulum la forma en que miembros del Ejército guatemalteco, dirigido entonces por el general golpista José Efraín Ríos Montt, asesinaron a unos 200 comuneros, a quienes acusaban de colaborar con las guerrillas izquierdistas.
La asistencia judicial de parte de los tribunales guatemaltecos a la ANE fue otorgada a pesar de que el 19 de diciembre pasado la Corte de Constitucional, máximo tribunal de este país centroamericano, declaró la falta de competencia de la justicia española para conocer de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Guatemala.
El proceso judicial fue iniciado en diciembre de 1999 por la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, quien invocando el principio de "justicia universal" acudió ante la ANE para querellarse en contra de los supuestos responsables de esos hechos.
Los procesados ante la justicia española son, además de Ríos Montt, los generales Ángel Aníbal Guevara, Óscar Mejía y Benedicto Lucas, y los civiles Pedro García y Donaldo Álvarez.
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