El Supremo prevé que las sentencias de ilegalización de PCTV y ANV puedan ser dictadas en julio

MADRID.-  La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, que es la que tramita las demandas de ilegalización instadas contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), espera poder dictar las sentencias que zanjen este proceso a lo largo del próximo mes de julio, señalaron hoy fuentes del alto tribunal.

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EP (EUROPA PRESS)

La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, que es la que tramita las demandas de ilegalización instadas contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), espera poder dictar las sentencias que zanjen este proceso a lo largo del próximo mes de julio, señalaron hoy fuentes del alto tribunal.

La Sala especial acordó hoy admitir la práctica de todas las pruebas presentadas por las partes en este proceso y fijó el calendario para la comparecencia en vista pública de más de cien testigos. Tendrán lugar durante siete días a partir del próximo 16 de junio.

Se han habilitado por el momento entre los próximos 16 y 24 de junio para la prueba testifical, aunque dicho periodo podría ampliarse si es necesario. Fuentes del Supremo señalaron que los interrogatorios se celebrarán en sesiones de mañana y tarde, reservando las primeras para el proceso instado contra ANV y las segundas para el del PCTV.

Las dos formaciones políticas demandadas han solicitado la comparecencia de un total de 62 testigos, la mayoría de los cuales (47) serán citados a petición de PCTV, mientras que el resto lo serán por ANV.

Los nombres de estos testigos trascenderán el próximo lunes, cuando se haga público el auto de admisión de pruebas que dictará el Tribunal Supremo respecto de este procedimiento. El resto de testigos son funcionarios policiales cuya comparecencia ha sido solicitada tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado.

LA PRUEBA DE USÚRBIL

Las pruebas van dirigidas, por parte de los demandantes, a demostrar que el desarrollo de la actividad de las dos formaciones políticas incumple la Ley de Partidos (LPP), por tratarse de meros continuadores de la ya ilegalizada Batasuna, mientras que la defensa trata de rebatir esta conclusión.

Entre las pruebas cuya práctica ha sido solicitada por la Fiscalía está la comparecencia como testigos de los policías que registraron las dependencias de PCTV Usúrbil (Guipúzcoa) el pasado 5 de octubre.

En su escrito de demanda, la Fiscalía destacaba que las claves secretas y los códigos pin de seguridad de las cuentas bancarias tanto de ANV como de PCTV fueron halladas por la Policía en la sede Usúrbil, donde se constató además la existencia de reuniones regulares por parte de dirigentes de la ilegalizada Batasuna.

Por ello, el fiscal habla de la existencia de una "caja única" de todas las formaciones, que funcionarían en este aspecto como una única organización con los mismos objetivos. Asimismo, el fiscal refería en su demanda que en este local se halló un sello de entintado automático con el logotipo de ANV que se utilizó en algún documento del PCTV por debajo del anagrama de éste, "seguramente aplicado por equivocación".

PRUEBA DOCUMENTAL

Respecto de ANV, el alto tribunal valorará como prueba de la conexión de este partido con ETA el auto dictado el pasado mes de abril por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que se ordenó al juez central instructor Santiago Pedraz reabrir la causa por enaltecimiento del terrorismo que había sido archivada inicialmente respecto de la alcaldesa de Hernani, María Ángeles Beitilarrangoitia, de ANV.

La primera edil está imputada por dedicar unas palabras de apoyo a los presuntos presos de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola -investigados por el atentado en la T4 de Barajas- durante la presentación de las candidaturas electorales de su formación. Beitilanrrangoitia también esta siendo investigada por mantener en su municipio un parque con el nombre de histórico de ETA José Aristimuño, alias 'Pana', aunque esta causa no ha sido incluida, de momento, como prueba en el proceso de ilegalización de ANV.

A petición también de la Fiscalía, el tribunal deberá analizar diez documentos para la ilegalización de ANV, entre ellos el auto sobre la alcaldesa de Hernani y el acta de una reunión de la Junta de Portavoces de Barakaldo (Vizcaya) del pasado 3 de diciembre. Otra prueba la constituyen las fotocopias de un diario nacional con información sobre los incidentes en la construcción del tren de alta velocidad en el País Vasco, publicada el pasado 27 de enero.

En cuanto a la prueba documental contra PCTV, el alto tribunal tendrá sobre la mesa, para su valoración en este proceso, las actas de entrada y registro en la sede de Usúrbil y una certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre esta formación y la relación de altas y bajas laborales de trabajadores a su servicio.

Finalmente, a instancias de la Abogacía del Estado, la Sala del 61 estudiará las grabaciones hechas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a varios miembros de ANV y PCTV.