Toledo.- La Junta de Castilla-La Mancha ha denunciado ante la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma los sondeos que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) realiza en la comarca de Hellín (Albacete) porque pueden constituir delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y de desobediencia.
La Junta de Castilla-La Mancha ha denunciado ante la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma los sondeos que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) realiza en la comarca de Hellín (Albacete) porque pueden constituir delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y de desobediencia. En la imagen, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita.
El informe presentado por el gabinete jurídico de la Junta a la Fiscalía indica que la CHS ejecuta sondeos en el "teórico marco" del Plan Especial ante Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, cuya finalidad es la extracción de aguas subterráneas y su vertido a cauces naturales o artificiales.
Sin embargo, según la Junta, estos vertidos finalmente derivan hacia el río Mundo, que, a modo de improvisado canal, sirve para la transferencia de este recurso aguas abajo a la Región de Murcia.
De acuerdo al informe jurídico de la Junta -del que el Gobierno regional ha informado hoy en un comunicado-, se ha comprobado que existen extracciones de agua en unos once sondeos y que, por parte de la CHS, se prevé llegar hasta los 31.
Según el Gobierno regional, se trata de "una situación de extrema gravedad en un contexto de acuíferos sobreexplotados, pudiendo llegar a extraerse 35,47 hectómetros cúbicos".
El Gobierno castellanomanchego, a través de los agentes medioambientales de la Delegación de Albacete, ordenará con carácter urgente a la CHS que paralice todas las extracciones que se realizan, así como todas las obras relacionadas con estos proyectos que se encuentren en ejecución.
Desde la Delegación de Medio Ambiente se remitió el 20 de agosto de 2007 un requerimiento para paralizar los pozos, que no ha sido atendido por la CHS.
El informe remitido a la Fiscalía recoge que la CHS no ha identificado los municipios, regadíos y caudales ecológicos a los que destina el agua.
Tampoco ha realizado la planificación de las extracciones, no ha fijado los tiempos de recuperación de los acuíferos afectados y no lleva a cabo una medición exacta de los caudales extraídos, por lo cual no tiene justificación el volumen de agua extraído.
Asimismo en muchos de los sondeos no consta la existencia de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental y para varios de ellos ésta fue emitida cuando la obra ya se había ejecutado.
Por otra parte, como recoge el informe jurídico, buena parte de las actuaciones afectan a Espacios Naturales Protegidos con la consiguiente grave e incluso irreversible afección a ecosistemas frágiles.
El informe jurídico recoge que se están trasvasando a la cuenca del Segura aguas subterráneas de la provincia de Albacete, con vulneración de la disposición legal que declara que no son trasvasables.
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