El Poder Moral venezolano deja en manos del Legislativo la posible destitución de dos magistrados

Caracas.-  El Poder Moral venezolano consideró hoy que dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) incurrieron en "falta grave" durante el ejercicio de sus funciones, lo que podría acarrear su destitución del cargo por decisión de la Asamblea Nacional (AN).

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(EFE)

El TSJ está integrado por 32 magistrados, que conforman seis salas, que son elegidos para un único período de doce años por el pleno de la AN, de 167 miembros, casi todos afectos al Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez.

El Consejo Moral Republicano, integrado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría, declaró "con lugar" las solicitudes de "falta grave" presentadas contra Carlos Oberto Vélez, magistrado de la Sala de Casación Civil, y Blanca Rosa Mármol de León, de la Sala de Casación Penal.

El Poder Moral explicó en un comunicado que la AN "tendrá la última palabra en cuanto a la situación" de los magistrados, ya que el Legislativo es el único órgano facultado para remover y nombrar a los integrantes del TSJ.

"La medida tomada por el Consejo Moral Republicano no tiene apelación ante este órgano por ser una decisión preliminar a la que deberá tomar la Asamblea Nacional", que "podrían remover" a los magistrados con los votos "de las dos terceras partes de sus integrantes", agregó el comunicado oficial.

El TSJ está integrado por 32 magistrados, que conforman seis salas, que son elegidos para un único período de doce años por el pleno de la AN, de 167 miembros, casi todos afectos al Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez.

En el caso de Mármol de León, el Consejo Moral Republicano señaló que en agosto de 2004 los diputados de la AN Darío Vivas y Carlos Delgado interpusieron una solicitud de "falta grave" contra la magistrada.

Ello por la actuación de Mármol de León en la "investigación por el delito de conspiración contra María Corina Machado y Alejandro Plaz Castillo", integrantes de la asociación civil Súmate, opositora al Gobierno de Chávez y que recabó firmas para someter al mandatario a un referendo revocatorio en agosto de 2004.

Machado y Plaz fueron acusados en 2004 por la Fiscalía de "conspirar" contra el Gobierno con el argumento de que Súmate recibió fondos de un organismo extranjero, el Fondo Internacional para la Democracia de EE.UU. (National Endowment for Democracy, NED), para desarrollar actividades con fines políticos, lo que está prohibido por la ley venezolana.

En febrero de 2006, un tribunal venezolano anuló el juicio contra Machado y Plaz Castillo por el caso Súmate.

Vivas y Delgado pidieron la "falta grave" contra Mármol de León, con el argumento de que la magistrada, "desconociendo la autonomía e independencia del Ministerio Público, solicitó recabar un expediente relacionado" con el caso contra Machado y Plaz Castillo, "acción con la cual quebrantó los procedimientos establecidos en la ley y generó un conflicto de poder", indicó el comunicado oficial.

La magistrada "se reservó una ponencia en forma extemporánea, sin motivación alguna, avocándose al conocimiento de una causa sin estudiar que se cumplieran los requisitos concurrentes exigidos por la ley, y ordenó recabar el expediente ante el Ministerio Público en forma subrepticia".

Ante esas evidencias, el Consejo Moral consideró que la actuación de Mármol de León "tiene carácter de falta grave, debido a que la alta funcionaria actuó con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución".

La magistrada de la Sala de Casación Penal también "violó normas establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia y amenazó el principio fundamental del debido proceso", indicó comunicado oficial.

Asimismo, el Poder Moral determinó que el magistrado Oberto Vélez "amenazó la ética pública y los principios fundamentales establecidos en la Constitución" con su actuación en "el juicio de partición hereditaria de las familias Capriles López y Capriles Cannizzaro".

El pedido de "falta grave" contra el magistrado fue presentado en septiembre de 2007 por el abogado Jorge Aguilar Gorrondona, representante Carmen Cecilia Capriles López, precisó el comunicado del Poder Moral.