Managua.- El Gobierno de Nicaragua puso en vigor el acuerdo por el que la multinacional eléctrica española Unión Fenosa cede al Estado nicaragüense el 16 por ciento de las acciones de su filial en este país como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares, informaron hoy fuentes oficiales.
Unión Fenosa es dueña de las distribuidoras eléctricas nicaragüenses Disnorte y Dissur, las cuales se las adjudicó en una licitación en el año 2000 por 115 millones de dólares.
La entrada en vigencia hoy de ese protocolo de entendimiento fue ordenada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mediante el decreto Ejecutivo 29-2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
El decreto establece que el protocolo de entendimiento suscrito entre Unión Fenosa y el Gobierno de Nicaragua será enviado con carácter de "referencia" a la Asamblea Nacional, debido a que con la publicación en el Diario Oficial del acuerdo presidencial ya entró en vigor ese convenio.
Unión Fenosa y el Gobierno de Managua firmaron el 29 de mayo pasado un acuerdo de entendimiento en el que, para entrar en vigor, tendría que ser ratificado por el Parlamento nicaragüense.
Ese acuerdo fue suscrito por el vicepresidente primero y consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, y el ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli.
En el acuerdo también se establece que el Estado tenga un asiento en el consejo de administración de la filial de Unión Fenosa en Nicaragua.
Una de las condicionantes exigidas por Fenosa en las negociaciones fue que el protocolo fuera aprobado como ley por la Asamblea Nacional, no obstante, hasta hoy, la filial de la eléctrica española en este país no se ha pronunciado sobre ese decreto enviado por Ortega.
El legislador liberal opositor José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, dijo al diario La Prensa que Ortega ya envió al Parlamento el protocolo firmado con la eléctrica española y, que desde su perspectiva jurídica, ese acuerdo ya entró en vigor con su publicación en el Diario Oficial.
"No veo por qué tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional cuando es un acuerdo firmado por el Estado con una empresa privada que maneja un bien público. Eso es un resorte del Poder Ejecutivo", sostuvo.
Insistió en que, a su juicio, ya está en vigor ese protocolo, "pero su contenido siempre debe ser estudiado por la Asamblea" Nacional.
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