Brasilia.- El ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, reiteró hoy que la Amazonía "no es una colección de árboles para que paseen los extranjeros" ni un "santuario ecologista", y defendió los proyectos de desarrollo sustentable del Gobierno.
En una comparecencia ante el Congreso, Jobim dijo que Brasil "no puede tratar a la Amazonía como quieren los ecologistas extranjeros" ni "con la misma agenda que tienen en Alemania o en Holanda", pues "es preciso pensar en 21 millones de brasileños que viven en esa región".
En una comparecencia ante el Congreso, Jobim dijo que Brasil "no puede tratar a la Amazonía como quieren los ecologistas extranjeros" ni "con la misma agenda que tienen en Alemania o en Holanda", pues "es preciso pensar en 21 millones de brasileños que viven en esa región".
Brasil está actualmente bajo fuerte presión de grupos ecologistas del mundo, que mantienen críticas campañas contra los planes del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para desarrollar esa región, considerada el "pulmón vegetal" del planeta.
Jobim sostuvo que el Ejecutivo brasileño promueve el desarrollo sustentado, con rígidos cuidados ambientales, y que está obligado a llevar adelante esos planes para "no empujar hacia la ilegalidad a los pueblos amazónicos".
El ministro también defendió las políticas oficiales para la demarcación de tierras indígenas, que han causado un conflicto en el estado amazónico de Roraima, fronterizo con Venezuela.
En abril del 2005, el Gobierno delimitó una reserva indígena de 1,7 millones de hectáreas, que equivalen al 7,7 por ciento del estado de Roraima, y está habitada por unos 18.000 miembros de las etnias Macuxí, Taurepang, Wapixana, Ingarikó y Patamona.
Tres años después de delimitar las áreas, por presiones de los propios indios, se decidió expulsar de la zona a decenas de empresarios arroceros instalados en la región, que se han resistido a ser removidos por una fuerza policial desplegada con ese fin.
La operación policial fue suspendida por tiempo indeterminado por el Supremo Tribunal Federal en base a una solicitud del gobierno de Romaima, que alegó que la actividad de los arroceros representa casi el 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de ese estado.
Jobim, quien fue presidente del Supremo Tribunal, dijo que es necesario aguardar al pronunciamiento definitivo de la corte sobre la legalidad de la reserva, pero dijo confiar en que el Gobierno será respaldado por la justicia.
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