Azkarraga, ansioso por conocer la base del recurso del Gobierno central

San Sebastián.-  El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, ha asegurado hoy que "no existen argumentos jurídicos" para oponerse a la ley de consulta aprobada por el Gobierno vasco y ha dicho que está "ansioso" por conocer cuál será "la base del recurso" del ejecutivo central contra esta norma.

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(EFE)

El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga.

Azkarraga ha hecho estas declaraciones a los periodistas en San Sebastián, donde ha inaugurado un congreso sobre informática en la administración de Justicia.

Al término de este acto, el consejero vasco se ha preguntado por qué "si es posible" hacer una consulta en otras comunidades autónomas, en Euskadi, "aunque sea por analogía", no lo va a ser.

El mandatario vasco ha reprochado al Gobierno socialista su decisión de solicitar al Consejo de Estado un dictamen sobre esta consulta, pese a que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.

Azkarraga ha acusado al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de precipitarse "siempre", al tiempo que ha recordado que también "se adelantó" al anunciar "un recurso de inconstitucionalidad" contra la consulta "sin conocer las preguntas que el Gobierno Vasco iba a plantear".

A su juicio, con este tipo de actuaciones el Gobierno central "quiere dar la impresión", ante "los sectores más conservadores e intransigentes del país", de que es el primero "en oponerse" a esta iniciativa, aunque "lo más grave" para Azkarraga es que un partido "supuestamente progresista como el PSOE, se esté oponiendo a un principio democrático como es el derecho de decisión".

Ha reiterado que el Gobierno vasco "contestará" al recurso del ejecutivo central cuando éste "se produzca", si bien ha insistido en que la respuesta de la administración autonómica no será sólo judicial sino también política.

Ha recordado que la "mayoría" de los vascos no entiende este asunto como "un proceso de confrontación jurídica", sino como un tema de "falta de voluntad política" por parte del Gobierno socialista que muestra su desinterés por "solucionar los problemas a través de la vía del diálogo".

El consejero también ha calificado de "barbaridad" las últimas actuaciones judiciales sobre empresarios vascos presuntamente relacionados con el cobro del denominado "impuesto revolucionario" por parte de ETA.

En su opinión, el juez Baltasar Garzón "está haciendo un flaco servicio al conjunto de la Justicia" con este tipo de actuaciones y "no se puede permitir" que "sus ansias de notoriedad estén perjudicando como lo están haciendo" a estos empresarios.

Azkarraga ha afirmado que desconoce si estas personas "han pagado o han dejado de pagar el impuesto revolucionario" pero ha puesto de manifiesto su "convencimiento" de que "nadie, si es que ha abonado alguna cantidad, lo ha hecho de manera voluntaria".

"Cuando tenemos un juez preocupado por su imagen personal y por los medios de comunicación nos encontramos con actitudes que colocan a una parte de los empresarios como delincuentes, en vez de como víctimas de un chantaje absolutamente despreciable, ha añadido.

"Si el Estado es el garante de la integridad y la seguridad de esas personas y no lo garantiza -ha continuado-, lo menos que Garzón puede hacer es no sentarles en el banquillo porque tendrían dos penas añadidas: la presión del impuesto de una organización terrorista y la del Estado, vía Garzón, para condenarles por un delito que no han cometido".