Tres años después sigue abierta la causa judicial y perdura la pugna política

Toledo.-  Tres años después del incendio que quemó cerca de 13.000 hectáreas de monte en Guadalajara y costó la vida a once trabajadores forestales permanece abierta la instrucción judicial, que ya afecta a responsables políticos, y perdura el enfrentamiento entre el PP y el PSOE sobre lo ocurrido.

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(EFE)

Vista del Barranco del Hocino en Riba de Saelices (Guadalajara) donde perdieron la vida once miembros de un retén forestal, a causa de un incendio, del que se cumple el próximo día 17 su tercer aniversario.

Mañana, miércoles 16 de julio, se cumplirá el tercer aniversario del inicio del fuego en una barbacoa de Riba de Saelices y, de momento, ya son 28 los imputados en el proceso judicial, entre ellos la entonces consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, y el delegado de esa Consejería en Guadalajara, Sergio David González.

Arévalo prestará declaración el 10 de septiembre ante la jueza de Sigüenza María del Mar Lorenzo que, desde que se hizo cargo de la causa en 2007, ha imputado a los técnicos que dirigieron la extinción del fuego, a cargos municipales que autorizaron la instalación de la barbacoa y al director del Parque Natural del Alto Tajo, entre otros.

La anterior instructora del caso, Concepción Azuara, sólo había acordado la imputación del guarda de La Cueva de los Casares, paraje donde comenzó el fuego, y de los siete excursionistas que hicieron la barbacoa origen de llamas.

Lorenzo ha puesto de manifiesto en sus resoluciones "la defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias de incendios forestales en Castilla-La Mancha, defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio, todo ello en relación a las funciones que (la ex consejera) tenía encomendadas derivadas de las competencias de su cargo y que le fueron atribuidas por la legislación vigente".

El sumario consta ya de más de 16.000 folios y en el proceso se han personado 9 de las 11 familias de los fallecidos, CCOO, UGT, el PP, los Ayuntamientos de La Riba de Saélices y de Ablanque y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Cada decisión adoptada en la vía judicial ha reactivado la discusión política que el PP y el PSOE mantienen sobre el asunto desde agosto de 2005, cuando las Cortes de Castilla-La Mancha acogieron una comisión de investigación que se cerró tras un mes de trabajo.

La comisión aprobó la versión socialista, que establece que la actuación de los técnicos y la gestión política fue correcta ante un incendio casi imparable y la muerte de los once trabajadores se debió a un fatal accidente, "una explosión del monte".

Sin embargo, cada vez que se la jueza ha imputado a un técnico responsable de la extinción o a un gestor político el PP ha reiterado su petición de que se reabra la comisión de investigación, pues considera que la anterior no aclaró lo ocurrido y que aún no se han depurado responsabilidades políticas.

Entre tanto, como consecuencia de la tragedia, desde el verano del año siguiente se prohibió fumar y hacer cualquier tipo de fuego en el monte en Castilla-La Mancha en los meses de verano y se precintaron las barbacoas.

El presupuesto de la campaña regional de prevención y extinción de incendios, que en 2005 era de 42 millones de euros, este año ha sido de 93, y la duración de la campaña ha pasado de seis meses a diez y a partir de mayo de 2010 será indefinida.

Se ha creado la Empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, que a partir del año que viene asumirá de forma integral la gestión de la lucha contra los incendios.

También fue el detonante para que el Ejecutivo central decidiera crear la Unidad Militar de Emergencias, un grupo especializado en la actuación en desastres naturales.

Mientras, como cada 17 de julio desde hace 36 meses, los familiares de nueve de las once víctimas del incendio se concentrarán ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente pasado mañana en recuerdo de los fallecidos y para exigir la depuración de responsabilidades políticas y judiciales de los responsables de la gestión del incendio.

La zona afectada por el fuego, situada al noreste de Guadalajara y gravemente afectada por la despoblación, se recupera poco a poco de los efectos del incendio mediante un plan integral que las administraciones diseñaron para su recuperación con inversiones en el monte, en las carreteras, en las comunicaciones y en las infraestructuras turísticas.

El plan está en su tercera y última fase, pero, según la Asociación Cultural "Riba de Saelices", las promesas hechas para revitalizar la zona no se han cumplido, se han "inflado" las cifras de inversión y la comarca "se despobla día a día".

David Moreno, portavoz de esta Asociación, sostiene que la madera que se quemó fue "malvendida", que la regeneración del bosque ha sido natural y que el parador turístico prometido para la comarca no se hará en la zona quemada, sino en Molina de Aragón.

Del centro de interpretación prometido para Riba de Selices no hay noticias, como reconoce su alcalde, José Luis Samper, quien abunda en los retrasos que sufren en las actuaciones anunciadas y sostiene que las obras en carreteras dependientes de la Junta se han hecho bien, pero las que afectan a la Diputación "se han ejecutado mal y están llenas de parches".