Finaliza la primera fase de las reformas con un acuerdo sobre la investidura

Oviedo.-  La primera fase de la reforma del Estatuto de Autonomía ha concluido hoy con una propuesta consensuada en su práctica totalidad entre PP y PSOE, formación ésta última que ha aceptado finalmente que la elección del presidente del Principado se lleve a cabo por investidura.

La ponencia parlamentaria encargada de redactar la reforma estatutaria ha dado hoy por concluidos sus trabajos y no volverá a reunirse hasta el próximo 15 de septiembre, fecha en la que ya habrá una propuesta de texto sobre la que base de los acuerdos alcanzados hasta el momento.

No obstante, el acuerdo entre los dos grandes partidos asturianos no es total, ya que aún les separa la forma en que se reflejará la capitalidad de Oviedo y la posibilidad de convocar un referéndum sobre la reforma estatutaria.

Mientras el PSOE se niega en principio a que el Estatuto refleje que una ley fije los derechos de Oviedo como capital del Principado, el PP exige su inclusión para dar el visto bueno a la reforma.

Los populares también mantienen que debe hacerse una consulta popular, posibilidad que impide la legalidad vigente, según un informe presentado hoy por el letrado de la Cámara regional.

Para el portavoz socialista, el acuerdo para la reforma es "muy amplio" y solo se mantiene un "desacuerdo" sobre la capitalidad de Oviedo y una "discrepancia" sobre la consulta popular que es "legalmente imposible" por lo que espera que el PP ceda a cambio de reflejar en el nuevo Estatuto la posibilidad de convocar referendos en futuras reformas.

Desde el PP, su presidente y portavoz parlamentario, Ovidio Sánchez, ha asegurado que la ley de capitalidad "no supone ningún privilegio para Oviedo" que, por lo tanto, "no tiene por qué tener posiciones en contra" y que, en consecuencia, cree que no llevará a los socialistas "a bloquear el Estatuto".

En cualquier caso, las diferencias se han reducido hoy al aceptar el PSOE que el presidente sea designado por investidura, fórmula que se utiliza en la práctica totalidad de las comunidades autónomas y el Gobierno central, frente al mecanismo de elección que siempre ha reflejado el Estatuto asturiano y que impide a los diputados votar en contra de un candidato.

Lastra mantiene que esta fórmula "complica las cosas y dificulta la elección en tiempo y forma", pero que es un mecanismo "legítimo" que no es del todo descartable".

El portavoz socialista ha justificado su cambio de postura en que PP y IU estaban a favor de él y que el PSOE, al haberse quedado en minoría, debía dar un paso para que el Estatuto pudiese acordarse, concesión que esperan también del PP respecto a la ley de capitalidad.

Sánchez, por su parte, ha señalado que no se ha planteado la negociación como un intercambio y se ha mostrado confiado en que sean los socialistas los que cambien también de opinión sobre este punto.

Para el portavoz de IU, Jesús Iglesias, la investidura del presidente es el "único avance democrático" que reflejará el nuevo Estatuto de Autonomía tras varios meses de trabajo que, en su opinión, "no han merecido la pena" porque PP y PSOE han consensuado un texto que "no responde a los intereses y necesidades de los asturianos".

Lastra, sin embargo, considera que ha sido un trabajo "serio y riguroso" en el que se han apartado de algunas "veleidades soberanistas", que conserva lo válido del anterior, refleja la posición de Asturias en materia de financiación autonómica, "para que garantice la suficiencia financiera", que avanza en el municipalismo y la financiación local, y amplía competencias.

El presidente de los populares asturianos ha incidido también en que "en un porcentaje altísimo" está "muy satisfecho" del trabajo desarrollado en los últimos meses.

La ponencia encargada de redactar la reforma estatutaria quedó constituida el 5 de octubre del pasado año por tres representantes de cada grupo con representación en la Junta General del Principado, si bien no volvió a reunirse hasta cinco meses después y no empezó hasta abril a reunirse con regularidad.

Los portavoces de los tres grupos mantuvieron desde el principio su intención de conseguir un acuerdo rápido y tener la estructura de la reforma consensuada antes de las vacaciones de verano, aunque evitaron ponerse plazo.

Finalizado su trabajo, se iniciará en septiembre el trámite parlamentario propiamente dicho con el debate de la propuesta de ley, que se llevará a cabo por procedimiento ordinario, que implica su debate en comisión, la presentación de enmiendas y comparecencias previas a la aprobación final por el pleno de la Cámara.