Sin la regulación de la inmigración en Europa habría una ola de xenofobia, dice ex ministro español

Santiago de Chile.-  Si la Unión Europea no hubiera regulado la entrada de trabajadores de otros países se habría producido una ola de xenofobia cuyas principales víctimas habrían sido los propios inmigrantes, aseguró en una entrevista con Efe el ex ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera.

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(EFE)

El ex ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera dice que la directiva sobre retorno de la UE "no es una política de cierre de fronteras".

"Si no hay empleo, (los inmigrantes) no pueden venir, creo que eso lo entiende todo el mundo y es una posición razonable y sensata", afirmó Caldera, quien se encuentra en Chile, en alusión a la reciente aprobación de la directiva que autoriza la repatriación de los inmigrantes que residan ilegalmente en la UE.

"Si esto no se hace, la consecuencia podría ser una ola de xenofobia y de rechazo en Europa que pagarían las comunidades de inmigrantes", aseveró Caldera, quien ahora está al frente de Ideas, la nueva fundación de los socialistas españoles.

El secretario de Ideas y Programas del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue el principal artífice de la regularización de la residencia en España de unos 800.000 inmigrantes durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008).

"La política migratoria que aplicó y aplica el Gobierno español es la de derechos y deberes para todos", afirmó ex ministro, quien fue uno de los hombres clave del gabinete de Rodríguez Zapatero hasta hace cuatro meses.

Pero Caldera advirtió de que "cuando hay una crisis económica y hay menos posibilidades, es lógico que se contrate a menos gente".

El responsable de Ideas, la fundación del PSOE que pretende ser referencia del pensamiento progresista en todo el mundo, aseguró que España cuenta hoy con una política que regula los flujos migratorios "desde la legalidad".

El ex ministro criticó a los gobiernos de José María Aznar al afirmar que cuando el conservador Partido Popular estaba en el poder (1996-2004) "los inmigrantes que entraron en España lo hicieron de forma ilegal".

"Ahora hay contratos en origen, un régimen general y un acuerdo con los empresarios y los sindicatos para establecer los puestos de trabajo de difícil cobertura que se ofrecen al exterior", insistió.

"Nadie de forma sensata y realista puede acusar al Gobierno español de haber cambiado de posición", argumentó Caldera en alusión al hecho de que los socialistas españoles votaran casi unánimemente a favor de la directiva de retorno.

Al respecto recordó que el PSOE ha ofrecido a las demás fuerzas políticas españolas un acuerdo para reconocer el derecho al voto de los inmigrantes regularizados, lo que convertiría a España en país pionero en la materia.

Según el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, la directiva sobre el retorno obligatorio adoptada por la Unión Europea -que ha sido severamente criticada por varios gobiernos latinoamericanos- "no es una política de cierre de fronteras", sino "una política realista, de adaptación a las necesidades laborales".

La directiva europea ha suscitado el rechazo de ONG, juristas e intelectuales que consideran que se vulneran y recortan los derechos humanos de los inmigrantes sin papeles.

Al respecto, Caldera comentó que "en Europa se precisan normas comunes para regular bien el fenómeno de inmigración y eso es lo que se ha comenzado a hacer con una directiva que tiene algunos elementos más positivos que otros, pero que era necesaria".

La medida permite internar a los inmigrantes indocumentados durante un periodo de 18 meses, mientras se realizan los trámites para su repatriación, "cosa que España no va a hacer nunca", aseguró el director de la Fundación Ideas.

El periodo máximo que las autoridades españolas pueden retener a un inmigrante actualmente es de 45 días, y el gobierno estudia la posibilidad de ampliarlo a 60.

"España está consiguiendo que en Europa haya normas comunes en materia de inmigración", pero "esto no significa una política de exclusión", insistió el dirigente socialista, quien destacó que la directiva de retorno exige la asistencia jurídica para las personas afectadas.